El Poder Judicial de Jujuy vuelve a estar en el centro de la escena. Horas después de que el oficialismo discutiera y dilatara el tratamiento del proyecto del senador Guillermo Snopek para intervenir ese poder en esa provincia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Pablo Baca, le presentó la renuncia al gobernador Gerardo Morales “para ejercer una defensa activa sin que pueda sospecharse que utiliza su posición en la Justicia para manipular la investigación", tras la filtración de unas conversaciones relacionadas con la situación procesal de Milagro Sala.
“(Pretendo) Evitar que los procesos de tipo político y judicial que se siguen en su contra sean utilizados para cuestionar el funcionamiento de las instituciones en Jujuy”, escribió el magistrado en la carta de renuncia dirigida a Morales.
Baca había sido denunciado tras una nota del portal que dirige el periodista Horacio Verbitsky con conversaciones del 2016 entre el juez y Ana Juárez de Orieta -en ese momento a cargo de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos- en las que supuestamente reconocía que Sala estaba presa por cuestiones de la política local: por considerarse un problema para el gobernador.
El mismo sitio publicó después una denuncia de violación de la funcionaria provincial aludida contra el magistrado.
En la semana, Verbitsky pasó un par de veces por la Casa Rosada.
“Las grabaciones clandestinas fueron manipuladas”, agregó en la carta Baca, a quién se le inició un proceso de juicio político en su contra en la Legislatura local.
El juez había sido nombrado por Morales a mediados de diciembre del 2015 junto a Beatriz Elizabeth Altamirano, Laura Nilda Lamas González y Federico Francisco Otaola. El gobernador, recién asumido, amplió el número de jueces de la Corte local de esa manera de cinco a nueve miembros.
“(Orieta) Se alejó de la gestión y posteriormente se sumó al proyecto político que llevó en las últimas elecciones al actual senador Guillermo Snopek como candidato a gobernador”, aludió Baca en relación a la grave denuncia por violación, que habría tenido lugar en su despacho tiempo atrás.
La Justicia local quedó de esta manera politizada por los movimientos de las últimas semanas.
El proyecto presentado por Snopek -cuñado del gobernador-, que se discutió en la Cámara alta en la semana sin definiciones y que propone la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy, tuvo una fuerte repercusión en el oficialismo y en el seno de Cambiemos, que quedó en alerta.
El propio Morales, enfrentado en duros términos con su cuñado, lo habló en privado con Alberto Fernández, quién, en teoría, le manifestó que su Gobierno no apoyaba la iniciativa, a pesar de que contó con el silencio, interpretado como respaldo, de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El gobernador encabezó en esa línea una marcha por las calles de la capital jujeña hace poco más de una semana, que iba a contar con la presencia de los principales dirigentes de la coalición opositora, que al final no fueron de la partida por un pedido del propio mandatario, como un gesto de distensión con el Presidente.
Morales, sin embargo, fue después a buscar apoyo político al Senado, y tuvo el respaldo de varios dirigentes de Cambiemos, que sí lo acompañaron con una movilización en las puertas del Congreso, a principios de semana.
En medio de esos chispazos y presiones, el presidente del Tribunal Superior, uno de los cuatro jueces nombrado por el gobernador, presentó su renuncia.
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