Jubilaciones judiciales: caída la negociación política, los jueces y fiscales ya activan las demandas contra la ley

Las asociaciones de jueces y fiscales dan prácticamente por caída cualquier negociación política para intentar que el Senado le introduzca modificaciones al proyecto que reforma el régimen de jubilaciones del Poder Judicial y que se espera que se convierta en ley la próxima semana. Por eso, comenzaron a trabajar en lo que serán las demandas para objetar los cambios y cuál será la estrategia que plantearán en los tribunales, un terreno que conocen a la perfección.

Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), le dijeron a Infobae que irán a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad una vez que la norma entre en vigencia. Esas son las organizaciones de jueces y fiscales nacionales y federales. Pero los provinciales recorrerán el mismo camino. En la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que reúne a jueces de todas las provincias, dijeron que “es prácticamente seguro que habrá planteos individuales” y que resta definir “son las posibles acciones institucionales”.

El gobierno de Alberto Fernández impulsa la modificación del régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial. Sostienen que en el contexto de crisis económica que atraviesa el país todos deben hacer su aporte con jubilaciones que en promedio alcanzan los entre 300 y 400 mil pesos por mes,15 veces más que la mínima. La reforma ya fue aprobada en Diputados. Esta semana siguió el mismo camino en las comisiones del Senado y se espera que el jueves la apruebe el pleno de la Cámara.

La iniciativa propone como los cambios más importantes llevar la edad de jubilación de los hombres de los 60 a 65 años; subir el 12 actual de aporte al 18 por ciento; incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados sea equivalente al 82 por ciento del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas. Actualmente los magistrados se jubilan con el 82 por ciento móvil.

Desde el Gobierno calificaron de privilegio los haberes de los jueces y fiscales. En tribunales lo rechazan y reconocen que sus sueldos y jubilaciones son muy buenos, pero que aportan más que en otros régimenes y que lo hacen sin tope de descuento.

En tribunales aceptan las primeras reformas, pero rechazan la última. Es la que más objetan. La crítica es que no saben cuál es la fórmula para calcular la jubilación y que eso queda supeditado a una comisión que se creará. Para jueces y fiscales eso genera una incertidumbre en el futuro y como está redactado el proyecto podrían percibir una jubilación del 60 por ciento del sueldo. Por eso muchos que ya tienen la jubilación otorgada renunciaron.

Las asociaciones judiciales intentaron abrir un diálogo político pero no lo consiguieron. Expusieron en Diputados y el Senado, pero sus reclamos no fueron atendidos. “Nos llamaron para cumplir”, señalan. Inclusive el procurador general interior, Eduardo Casal, jefe de los fiscales, le envió una nota a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, en la que expuso que la ley del Ministerio Público Fiscal establece que cuando el Congreso trata temas vinculados al área deben escuchar su opinión. La procuración no fue convocada.

Además de la parte central de la reforma, jueces y fiscales sostienen que el proyecto tiene errores de redacción. Por ejemplo, que 16 categorías judiciales quedan salteadas fuera del régimen. “En un cargo estás dentro del régimen pero ascendés y salís. Y después volvés a ascender y entrás", explicó un juez que sigue de cerca el caso. También señalan que hay problemas en la redacción de la cláusula gradual de la edad para jubilarse.

Otro aspecto que se objeta es que se elimina el estado judicial de los jueces y fiscales jubilados. Eso permite que ante la necesidad de ocupar cargos sean convocados quienes ya se retiraron. La preocupación es que eso puede generar un problema para ocupar juzgados y fiscales vacantes.

El Gobierno tiene los votos para convertir en ley el proyecto y se encamina a eso. Por eso las asociaciones judiciales ya tienen en las acciones que llevarán a tribunales.

Por estos días ya comenzaron las reuniones para tratar el tema. Lo que es seguro es que irán con demandas. Se está discutiendo el cómo. “Podemos ir todas juntas o por separado”, planteó un fiscal ante la consulta. Más allá de lo que hagan los gremios también se descarta que habrá demandas individuales. “El proyecto presenta varios objeciones por lo que se puedan judicializar distintos aspectos de la norma", señalan.

Los posibles afectados son jueces y fiscales de todo el país por lo que podría haber demandas en varias provincias. Eso ocurrirá una vez que la norma se convierta en ley y sea publicada en el Boletín Oficial.

El camino judicial será largo y se definirá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces del máximo tribunal quedaron afuera de la reforma con sus jubilaciones a salvo. Y en la Corte las asociaciones ponen el foco. Saben que el tribual resuelve en base al derecho, pero no desconocen el alcance político del análisis y sobre todo en un tema que es central para el Gobierno. Para marcar la cancha ya dijeron públicamente que el proyecto viola fallos ya dictados por la Corte sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces.