
El senador del Frente de Todos, Guillermo Snopek, presentó este jueves un proyecto de ley para la intervención federal por un año del Poder Judicial de Jujuy, donde el Superior Tribunal de Justicia ratificó recientemente la condena a 13 años de prisión de la dirigente kirchnerista Milagro Sala.
El proyecto del legislador jujeño declara la intervención por 365 días de ese tribunal, del Ministerio Público Social y de los Tribunales Inferiores y encomienda al Poder Ejecutivo Nacional a designar un interventor.
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El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que la iniciativa es un embate para lograr “la libertad de Sala y la impunidad”. "El proyecto es totalmente inconstitucional, pretende designar un interventor que además pueda remover jueces sin un jury”, analizó. En este sentido, Morales -cuñado de Snopek- recordó que Sala no es una presa política, sino que “está detenida por los delitos que ha cometido”. "Le ha robado al pueblo”, sentenció.

La iniciativa sorprendió a algunos, pero no al mandatario provincial. En su entorno sospechan que detrás del proyecto no sólo se esconde la idea de consagrar la impunidad de Milagro Sala, sino también un elemento de presión que podría utilizar el oficialismo en el Congreso para lograr otros objetivos prioritarios, como la aprobación del pliego de Daniel Rafecas para asumir en la Procuración General de la Nación.
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Morales recibió en las últimas horas el respaldo de su partido, la Unión Cívica Radical, y de los restantes socios de Juntos por el Cambio, el PRO y la Coalición Cívica. Además, recibió llamadas en su despacho de otros dirigentes que están preocupados por este posible avasallamiento sobre las instituciones.
El proyecto de Snopek probablemente será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por María de los Ángeles Sacnun, legisladora cercana a Cristina Kirchner. Compartirá temario con el pliego de Rafecas, donde la oposición discutirá una postura conjunta en los próximos días.
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Jujuy es un distrito en aprietos financieros y probablemente el gobierno nacional deberá asistirlo en algún momento. Si bien Morales está dispuesto a ceder y negociar ciertos proyectos (sus senadores aceleraron el tratamiento de la ley de emergencia a fines del año pasado y sus diputados empujaron la suspensión del pacto fiscal a principios de este), la situación de Sala no es discutible.
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