Tensa audiencia en la Cámara de Casación por las salidas transitorias de un represor condenado a prisión perpetua

En la sala de audiencias de la Cámara Federal de Casación Penal se vivió una tensa situación. Fue en la Sala IV de esa Cámara que debe resolver el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal contra el estímulo educativo y las salidas transitorias otorgadas al represor de la dictadura condenado a prisión perpetua Eduardo Kalinec, y la apelación de la defensa, contra el rechazo de la fijación del límite temporal de la pena.

Los jueces de la Sala IV de la Casación Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, citaron a una audiencia oral y pública contra la decisión del Tribunal Oral Federal Nº2 que hizo lugar al estímulo educativo y otorgó las salidas transitorias a Kalinec, y denegó el pedido de la defensa de fijación del límite temporal de la pena.

​En la audiencia realizada este miércoles, hicieron uso de la palabra el Ministerio Público Fiscal, representado por Alejandro Jorge Alagia, el propio defensor condenado –mediante el sistema de video conferencia- y su defensa, como así también integrantes del Amicus Curiae presentado en la causa. Estuvieron presentes el “Colectivo historias desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia” (donde milita Analía Verónica Kalinec, hija del condenado por delitos de lesa humanidad) y dos de sus víctimas.

El incidente forma parte de la causa denominada “ABO II” (Atlético-Banco-Olimpo), en la que está constituidos como partes querellantes –entre otros- el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el hijo de desaparecidos y actual ministro del Interior del gobierno nacional Eduardo “Wado” De Pedro.

Como parte del colectivo Historias Desobedientes, Analía había expresado públicamente repudio contra su padre, ex comisario de la Policía Federal condenado por secuestros, desapariciones y asesinatos durante el terrorismo de Estado. Como respuesta al repudio expresado por Analía, el represor pidió excluirla de la herencia de su madre, Angela Fava, que falleció en 2015.

En la audiencia ante los jueces de Casación, Analía dijo que “si mi padre pudiera me enviaría a un centro clandestino de detención ilegal y me aplicaría la tortura, como hizo con todas sus víctimas. Pienso que en realidad, él es un cobarde. Es un hipócrita, que pretende tener los derechos legales que les negó a sus víctimas. Mi padre no se arrepiente de haber cometido los delitos por los cuales resultó condenado. Me inició acciones legales para declararme como indigna e impedirme heredar de mi madre”.

Kalinec, quien presenció la audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza, pidió la palabra y afirmó que las palabras de su hija Analía “le producen un gran dolor”, pero aseguró que tiene “un buen vínculo” con sus otras tres hijas y sus nietos. “Analía me acusa desde que se complotó con su madre (ya fallecida). Quiero volver a ver a mis nietos y también a un hijo de ella a quien quiero visceralmente. Quiero volver a ver a mi familia y ya cumplí con todos los plazos legales para poder cumplir este beneficio que me concede la ley”, señaló el represor.

Miguel Ángel Dagostino y Daniel Mercogliano, dos víctimas del esquema represivo que funcionó en el circuito ABO, se dirigieron al tribunal para pedir que se le niegue a Kalinec este beneficio. “Cada vez que las víctimas tenemos que hablar y volver a contar lo que nos pasó nos sentimos revictimizadas otra vez. Sufrí durante cinco días las torturas de Kalinec, a quien apodaban cómo el doctor K. Era una persona que se jactaba de su habilidad para aplicar la picana, que era su herramienta de trabajo”, señaló Dagostino, quien lleva años dando testimonio y declaró en el Juicio a las Juntas.

“A mí me costó 37 años hablar de lo que me pasó. Hoy se habla de una caducidad que podría beneficiar a Kalinec. A mí me gustaría que caducaran los gritos de los torturados y las mujeres violadas. No puedo parar de escucharlos”, agregó Mercogliano con la voz entrecortada.

Los jueces deberán resolver en breve si hacen lugar a las apelaciones y decidir, entre otras cosas, si el represor, de 67 años, puede beneficiarse de las salidas transitorias.

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