“Primero voy a demostrar mi inocencia y sobre todo que no robé nada del SOMU. Cuando todas las causas en mi contra se caigan, pediré lo que me corresponde que no es otra cosa que mi reincorporación al sindicato en el que milité toda mi vida”.
Con estas palabras, Omar “Caballo” Suárez recibió hace algún tiempo atrás a Infobae. Flanqueado por uno de sus abogados defensores y blandiendo un voluminoso dictamen emitido por el cuerpo de peritos contables de la Suprema Corte de Justicia, el sindicalista se ilusiona con volver -en principio- a recuperar su condición de afiliado, para luego presentarse a elecciones y “devolverle la dignidad al gremio”.
Luego de 3 años de prisión preventiva, lapso en el que compartió pabellón con los presos más emblemáticos del kirchnerismo, el TOF 4 dispuso su prisión domiciliaria y en las últimas semanas fue autorizado a trasladarse a su ciudad natal “Monte Caseros”, donde el “Caballo” Suárez comenzó a darle forma a su retorno al poder gremial.
Una serie de reuniones preliminares realizadas en el “pago chico” del sindicalista, sumado a diversas medidas judiciales que anticipan -según sus letrados- inminentes absoluciones, pusieron en marcha el “Operativo Retorno” que se activó en enero y es impulsado por varias agrupaciones internas del SOMU.
En este marco, en las últimas horas la Justicia dispuso el cese de la intervención de la Fundación Azul y su devolución al gremio. "Hoy nos devolvieron la Fundación Azul, la dieron vuelta de arriba para abajo y no encontraron nada extraño”, señaló un ex compañero de conducción de Suárez.
La hoja de ruta de los seguidores del “Caballo” indica que, una vez resueltas las causas judiciales, las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo deberán ordenarle a Raúl Durdos (actual Secretario General del gremio) que anule la resolución de la asamblea que determinó la expulsión de por vida de Suárez. Por el contrario, del lado del actual oficialismo sostienen que no permitirán el regreso de ex secretario y mucho menos su postulación.
Al margen de una y otra posición, lo cierto es que de producirse el sobreseimiento del hoy procesado Omar Suárez, el sindicato no tendría argumentos para mantener una sanción de tipo administrativa. Incluso, en el mundo gremial fue muy criticada su expulsión del sindicato antes de la condena judicial. “Parece que le tienen miedo”, recordó en su momento uno de los líderes de otro sindicato marítimo muy ligado al SOMU.
La agenda del “retorno” continuará durante lo que queda de febrero y también en marzo con reuniones entre Suárez y dirigentes del gremialismo y del espacio político gobernante. En forma paralela se realizarán encuentros sindicales con afiliados de las distintas seccionales.
Cabe destacar que si bien el Presidente Alberto Fernández ha mantenido reuniones con la actual dirigencia del SOMU, evitó sistemáticamente referirse a la situación procesal de Suárez. Sin embargo, en el mundo sindical aseguran que hay puentes tendidos entre referentes de ambos sectores.
Antecedentes
El pasado 16 de febrero se cumplieron justamente 4 años del inicio de la Intervención judicial del sindicato dispuesta por el juez Rodolfo Canicoba Corral. La tarea estuvo -en una primera etapa- a cargo de un triunvirato encabezado por la hoy senadora nacional Gladys González junto a dos co-interventores. A pocos meses de iniciada la gestión, dos de los tres interventores dejaron su cargo en medio de denuncias cruzadas por el manejo discrecional del sindicato y otras entidades asociadas que realizaba la por entonces interventora judicial quien quedó a cargo de todo excepto en lo relativo a la poderosa obra social marítima la que quedó en manos del cuñado del juez Canicoba Corral hasta hace pocos meses atrás.
La ex interventora, luego de un análisis de las cuentas del SOMU, presentó la denuncia más voluminosa de todas las que pesan contra Suárez, por los aparentes desmanejos financieros del sindicato, y por la también aparente sustracción de distintos activos del sindicato entre los que figuran desde efectivo a rodados e inmuebles. El “Caballo” acumuló también expedientes judiciales por extorsión a un empresario naviero y una causa por entorpecimiento de vías navegables.
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