El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó el proyecto de ley presentado por cinco senadoras oficialistas que regula las prisiones preventivas para los funcionarios procesados por corrupción.
“Es un traje a medida para la impunidad”, escribió el diputado radical en su cuenta personal de Twitter.
El comentario del jefe de la bancada opositora hace referencia a una polémica iniciativa que buscar eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones. Se trata de un texto que lleva las firmas de las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara.
El borrador fue girado apenas diez días después de que Alberto Fernández asumiera como Presidente, y califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como “verdaderos linchamientos mediáticos”. Entre los fundamentos, se apunta a las publicaciones en los medios de comunicación “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado” es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.
“Una nueva idea del kirchnerismo. Con una ley hacen que sea casi imposible que un político corrupto vaya preso”, fustigó el radical Mario Negri en la red social. Además se quejó porque en el proyecto de ley las senadoras “argumentan la incidencia mediática y la persecución política para dejar sin efecto una prisión preventiva”.
El proyecto (S-3435/19) fue girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión, en el marco de las críticas del oficialismo hacia los procesos judiciales en curso contra ex funcionarios y dirigentes sociales.
Si hubiera una estado vigente una ley similar, dirigentes como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, los ex secretarios Roberto Baratta y José López, el ex jefe del Ejército Cesar Milani, el ex vicepresidente Amado Boudou y los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche no hubieran estado detenidos en forma preventiva. Algunos de los procesados ya tienen condenas firmes.
El impulso al borrador está en línea con la idea de “lawfare”, un concepto que Cristina Kirchner que suele utilizar para cuestionar las investigaciones judiciales dirigidas hacia ella y otros líderes de la región, como los ex presidentes, Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa o el boliviano Evo Morales.
El lawfare es un neologismo inglés que proviene de una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra). Surgió por primera vez en un artículo de 1975, escrito por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, titulado “Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity”. Ambos consideraron que la búsqueda de la verdad había sido sustituida por una especie de “guerra” llevada adelante en los tribunales.
En una de sus últimas declaraciones públicas, la vicepresidenta volvió a cuestionar los procesos judiciales en su contra, en ocasión de una deuda que le ejecutó recientemente las autoridades de la AFIP que respondían al gobierno de Mauricio Macri.
“La magnitud del hostigamiento que vengo sufriendo desde hace años excede ya la cuestión exclusivamente política y permite encuadrarla como violencia perpetrada por el Estado contra una mujer que ha ejercido y ejerce actualmente las más altas magistraturas de este país, sometiéndome determinados integrantes del Poder Judicial de la Nación a tratos verdaderamente inhumanos, que violentan el derecho a mi integridad física y moral, el derecho a mi libertad y seguridad personal, el derecho a que se respete mi dignidad y que se proteja a mi familia, mi derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley”, protestó Cristina Kirchner en las redes sociales.
Sin embargo, el proyecto parecería no contar con el suficiente respaldo al interior del oficialismo. Allegados a la vicepresidenta aseguraron a Infobae que el texto no fue una iniciativa de CFK ni cuenta con su apoyo explícito.
En este sentido, Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de Amado Boudou y otros ex funcionarios como Héctor Timerman, indicó que el proyecto “no es bueno” y “tiene severos problemas en términos penales, desde el artículo primero".
“No es un proyecto feliz en ninguna de sus causas”, agregó la letrada simpatizante del kirchnerismo en diálogo con radio La Red.
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