El Poder Ejecutivo le envió una nota a Sergio Massa, que ya contestó: diputados de distintos bloques integrarán la comisión para analizar la nueva fórmula jubilatoria
El Poder Ejecutivo le envió una nota a Sergio Massa, que ya contestó: diputados de distintos bloques integrarán la comisión para analizar la nueva fórmula jubilatoria

El Poder Ejecutivo envió hoy a la Cámara de Diputados una carta para solicitar que el Poder Legislativo integre una comisión conformada por integrantes del Gobierno y del Congreso que decida la nueva fórmula para el aumento jubilatorio, que fue suspendida por la ley de emergencia pública, votada en diciembre último.

En la nota que envió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al presidente de Diputados, Sergio Massa, se informa que esa comisión será integrada por Miguel Baelo, jefe de Gabinete de Asesores y Luis Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social, ambos del Ministerio de Trabajo, y Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía.

Por el lado del Legislativo, la presidencia de la Cámara contestó que la comisión estará integrada por diputados y diputadas “representantes de los distintos bloques políticos, estableciendo que sean los presidentes y vicepresidentes de las comisiones” que tienen competencia en la materia, es decir, de Presupuesto y Hacienda, Previsión y Seguridad Social, y de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Una carta similar se recibió en la Cámara de Senadores.

Así, la comisión quedaría integrada por 12 integrantes: tres miembros del Ejecutivo, seis diputados y tres senadores. La comisión trabajará desde el 1º de marzo y deberá proponer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria el 30 de mayo.

Se especuló con que la conformación de esta nueva comisión sería parte del anuncio que darán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el titular del ANSES, Alejandro Vanoli, sin embargo, la Casa Rosada explicó que “esa comisión fue creada ayer, y nada tiene que ver con los anuncios que realizarán a las 18”.

También hubo rumores de que habría cadena nacional pero, finalmente, trascendió que el Presidente participaría del anuncio

Incluso, trascendió que, además del aumento por decreto que se conocerá, que rondaría el 12% para las jubilaciones mínimas y de 4% para las jubilaciones máximas, podría agregarse otro ítem: la extensión de la moratoria para jubilar a mujeres que tengan entre 60 y 65 años que no hayan realizado 30 años de aportes, que vencía en julio de este año.

En rigor, también se especuló con que ésta sería la verdadera razón por la que se suspendió la conferencia de prensa que a las 12 iban para anunciar los prometidos aumentos a la jubilación, pero tampoco fue confirmado.

“En realidad no se suspendió, se pasó para las 18 y los anuncios no tienen nada que ver con la Comisión”, dijeron en Casa Rosada para tranquilizar a la opinión pública, pero las especulaciones están a la orden del día y las preguntas circulan frenéticamente a través de los whatsapp.

Claudio Moroni, especialmente involucrado en el diseño de la nueva fórmula jubilatoria. (Foto: Presidencia)
Claudio Moroni, especialmente involucrado en el diseño de la nueva fórmula jubilatoria. (Foto: Presidencia)

La expectativa sobre el aumento a las jubilaciones fue percibida por el Gobierno, por lo que se decidió realizarlo como un paquete integral, que muestre el compromiso del Frente de Todos con un sector especialmente vulnerable de la población.

La suspensión de la fórmula jubilatoria, que afecta principalmente al 25% de los haberes (aproximadamente 1,6 millones de jubilados, de un total de 6,85 millones, que cobran más de $ 50.000) que recibirán aumentos módicos, tiene la contracara de los fallos judiciales, que podrían pronunciarse contra “el principio de progresividad” o “el grado de protección ya alcanzado”.

La justicia salteña se pronunció la semana pasada en ese sentido, que en la presentación del jubilado Roberto Daniel Calivia, el juez recordó que el damnificado tendría que tener un aumento en marzo de 11.56% y en junio de este año otro 15%, intimando al Estado a que haga efectivo ese aumento, aunque fue suspendido por la ley de Emergencia Pública.

Incluir al Congreso en la solución de este intrínguilis, es el camino que encontró el Gobierno para facilitar una rápida aprobación de la nueva fórmula, y así limitar a la mínima expresión los fallos judiciales adversos.

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