Luego de que el Gobierno haya ampliado el temario de Sesiones Extraordinarias, el Frente de Todos pretende que el proyecto de Ley de góndolas sea debatido el próximo 21 de febrero, a menos de diez días del inicio del Período Ordinario. La iniciativa que fue impulsada por la bancada del Peronismo Federal consiguió la media sanción en Diputados en noviembre de 2019.
El presidente de la bancada oficialista en la Cámara Alta, José Mayans, lo confirmó en diálogo con Télam, y agregó que buscarán que el proyecto sea enviado a una sola comisión y no a tres, como cuando fue girado desde Diputados a fines de noviembre.
La iniciativa, que pesa sólo sobre supermercados y otras grandes superficies, busca regular qué porción de las góndolas puede ser ocupada por un mismo producto o proveedor, con el objetivo de pisar los precios a fuerza de competencia. Establece que para cada categoría de productos, ninguna marca individual -o marcas de una misma empresa o grupo económico- podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del programa y 30% a partir del segundo año. Establece además un mínimo de cinco proveedores por producto. Aplica para alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador, mientras que requiere de la elaboración de un listados de productos incluidos que se elaboraría en caso de que el proyecto se transforme en ley.
“Queremos debatir la Ley de góndolas el viernes 21 de febrero. Ese día vamos a hacer la sesión preparatoria antes de la apertura del Período Ordinario, que será el domingo 1 de marzo”, expresó Mayans, quien agregó que pedirá “una reconsideración del giro”, ya que cuando ingresó al Senado, el 27 de noviembre, la oficina de Secretaría Parlamentaria envió el expediente a tres comisiones: Derechos y Garantías, Industria y Comercio y Legislación General. “Juntos por el Cambio, que en ese momento era oficialismo, envió el proyecto a tres comisiones para que no saliera nunca”, cuestionó el senador formoseño y anunció que solicitará “que vaya únicamente a la Comisión de Legislación General”. En ese sentido, se informó que ese cuerpo legislativo se conformará la semana que viene y que su presidenta será la oficialista correntina Ana Almirón.
Pese a contar con la media sanción, el proyecto es rechazado por las cámaras empresarias que agrupan a la industria de la alimentación y a los supermercados. La queja de los supermercadistas -fundamentan- es por los costos que esto generaría, por el hecho de que la mayor parte de los comercios no quedaría sometido a estas nuevas normas y porque, dicen, no en todos los productos existe variedad suficiente como para alcanzar los estándares que fija el proyecto. La Cámara de Comercio americana (Amcham), puso en números su rechazo al proyecto. Habló de aumentos de costos laborales en la cadena de comercialización del 20%, estimó además la pérdida de entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo en el sector por pérdida de rentabilidad y, por último, un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%.
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