En estricta reserva, un limitado pero representativo grupo de juristas y dirigentes kirchneristas vinculados con la Justicia conversó hace algunos días con Cristina Kirchner.
Fue en las oficinas de la vicepresidenta en el Instituto Patria, cerca del Congreso, un encuentro pedido por los asistentes, y confirmado a Infobae por allegados a la ex presidenta, para interiorizarse sobre la reforma judicial que impulsa el Gobierno y que Alberto Fernández ahora demora. “Se está trabajando, no hay fecha”, explican colaboradores de Marcela Losardo, de viaje por Europa junto al Presidente y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que trabaja junto a la ministra en el tema.
Cristina Kirchner escuchó las inquietudes de sus visitas, miembros de la Justicia afines al kirchnerismo que, según le confiaron, no contaban hasta el momento con ningún tipo de detalle de la reforma que se elabora con profundo hermetismo en la Casa Rosada. “Queremos aportar", pidieron.
“Cristina sólo escuchó. No adelantó nada. Nos dijo que hay un reclamo social sobre la Justicia y que hay que hacer algo”, resaltó uno de los asistentes a la reunión en el Patria, un ex funcionario judicial que tuvo de enorme trascendencia en los últimos años y que ahora asesora sin cargo.
Los invitados se fueron satisfechos: la vicepresidenta los habilitó para que le envíen sus sugerencias a un proyecto que, según trasciende, ni siquiera conocen.
Es que, casi dos meses después del anuncio del Presidente durante su discurso de asunción en el Parlamento, uno de los pasajes más aplaudidos por los legisladores del oficialismo, los detalles del proyecto de reforma judicial, que primero se amagó con enviar en extraordinarias al Congreso, se desconocen. Según subrayan fuentes oficiales, “no hay apuro”. Incluso hay quienes dicen que no está clara su finalidad. Ni la profundidad del mismo.
“No hay peor cosa que una buena idea mal ejecutada”, remarca un dirigente vinculado al palo judicial del Frente de Todos, de diálogo fluido con Losardo, que jura desconocer de qué va el proyecto, y que si la Casa Rosada decidiera poner en marcha una “mesa judicial” como instrumentó en su momento la administración de Mauricio Macri para operar en la Justicia, tendría con seguridad una silla reservada.
La oficialización de la reforma, el pasado 10 de diciembre, quedó instalada como una afrenta directa a los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la lupa en la última década por la judicialización de la política y viceversa, la politización de la justicia, y la creciente influencia de los servicios de inteligencia. Cristina Caamaño, interventora de la AFI, empezó a mostrar de hecho algunas señales hace algunas semanas, al limitar los servicios que los agentes del organismo prestan a los jueces y fiscales.
“Si es sólo para Comodoro Py no sirve", esgrime un funcionario de vínculo frecuente con Losardo y con Juan Martín Mena, el secretario de Justicia del entorno de la ex presidenta y relacionado con La Cámpora.
De los trascendidos en torno de los posibles ejes de la reforma se mencionan, por caso, la unificación de fueros, la redistribución del sistema federal de Justicia o el impulsa al sistema acusatorio, que resta poder a los jueces y, por el contrario, robustece a los fiscales.
En el caso de Comodoro Py, se menciona incluso la eventual confluencia con Penal Económico. Su eficacia, sin embargo, está en duda en ese caso según los especialistas.
En los tribunales de la calle Comodoro Py 2002, donde se investiga penalmente a funcionarios y ex funcionarios, se empieza a vislumbrar, sin embargo, una oxigenación que, según algunos dirigentes de peso del oficialismo, exime al Gobierno de idear una reforma para ese edificio. Hay jueces de la Cámara Federal, nombrados por el macrismo, que podrían irse. Y jueces de primera instancia que también emigrarían. Por lo pronto, Claudio Bonadio pidió licencia esta semana. Su vuelta está en duda.
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