Luego de un debate de casi tres horas, el Senado de Mendoza aprobó la derogación de la nueva ley de minería y ahora la decisión final la tendrá la Cámara de Diputados, en donde se espera que salga sin inconvenientes. En la Cámara alta, la votación no fue unánime: 34 lo hicieron a favor y 2 en contra, de las senadoras Hilda Quiroga y Gladys Ruiz.
Lo que busca el Congreso provincial es dar marcha atrás a la iniciativa que permite el uso de sustancias químicas para la explotación minera y que se restablezca la vieja ley 7.722. Esto ocurrió luego de masivas protestas sociales que obligaron al gobernador, Rodolfo Suárez, a derogar la norma.
“Si bien esta ley es legal, no tiene la legitimidad del pueblo", expresó días atrás el mandatario anunciando que daría marcha atrás a la iniciativa. Asediado por las masivas manifestaciones sociales, tuvo que ceder y anular la implementación de la norma que permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro, entre otras sustancias que contaminarían el agua. “No dimensionamos esto y como gobernador asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir”, sostuvo Suárez.
Tras una serie de manifestaciones, el mandatario de Juntos por el Cambio había impedido la reglamentación y tenía previsto dejar sin efecto la norma recién en el mes de mayo, al comienzo de las sesiones ordinarias. Sin embargo, por temor a la cancelación de la Fiesta de la Vendimia -muchas de sus reinas departamentales pertenecen a los distritos donde se iban a realizar la inversión minera- Suárez convocó a una sesión especial este lunes para concluir la derogación de la ley.
“Para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”, agregó Suárez en referencia a las distintas manifestaciones espontáneas que se armaron durante la última semana.
La normativa había sido aprobada el pasado 20 de diciembre en la Cámara alta con 29 votos a favor y 7 en contra, mientras que en la Baja fue de 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención. El gobernador publicó el 24 de diciembre en el Boletín Oficial la nueva reglamentación minera, a pesar del fuerte rechazo que se vio frente a la Casa de Gobierno mendocina. En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley, se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permite separar los metales extraídos de la roca y habilita la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.
Además, la norma promulgada creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que deberá informar anualmente el estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera.
Durante el debate legislativo, el gobierno de Mendoza argumentó que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos, y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando.
Tras haberse aprobado la medida, una multitud que se hizo presente demostrando su descontento -en una marcha que se consideró “histórica” y que abarcó ocho cuadras de personas- terminó con corridas, incidentes y gases lacrimógenos. El fuerte cruce con las fuerzas de seguridad culminó con 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos, según fuentes de la propia fuerza.
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