El tribunal oral que juzga a Lázaro Báez por la ruta del dinero "K" ordenó liberarlo, pero seguirá preso por otras causas

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este jueves por la tarde el cese de la prisión preventiva de Lázaro Báez en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, pero el empresario seguirá preso porque tiene al menos otra dos preventivas dispuestas por el juez Sebastián Casanello. Ahora, la defensa de Báez debería pedir la excarcelación ante ese magistrado pero antes deberá opinar el fiscal Guillermo Marijuán, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

El TOF 4, integrado por los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti, resolvió luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación decidió esta mañana no homologar la prórroga de la prisión preventiva por otro cuatro meses.

La resolución de Casación, adoptada por los jueces Hernán Borinsky y Javier Carbajo, se basa en un dictamen del fiscal Javier De Luca, quien explicó que el Código establece que una persona puede estar en prisión preventiva -presa sin condena- dos años con la posibilidad de prorrogarse por uno más y que en determinadas circunstancias se puede extender más. Eso fue lo que avaló De Luca en abril pasado cuando aceptó, a los tres años, una prórroga de ocho meses hasta diciembre.

Para arribar a esta conclusión, fueron determinantes las reformas recientes introducidas por el nuevo Código Penal en materia de prisiones preventivas, que -en virtud del sistema acusatorio- le dan prevalencia a los dictámenes de los fiscales que intervienen en los procesos.

Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril de 2016. La semana pasada los jueces del Tribunal Oral volvieron a prorrogar la prisión preventiva por cuatro meses hasta abril próximo. Señalaron que el juicio oral se había prolongado y que para abril próximo ya esperaban finalizarlo, ya que se espera que en breve comiencen los alegatos de las partes con los pedidos de penas y absoluciones.

Pero esta vez el fiscal De Luca no acompañó la prórroga y calificó la decisión de “infundada” ya que "la prisión preventiva es la excepción a la regla de la libertad ambulatoria del imputado durante el trámite de un proceso penal”.

"Lo cierto es que pasaron 8 meses y no culminó el juicio, y sabido es que la prisión preventiva no es un instituto previsto para servir a la medida de labor de los jueces o del Estado. Debe procurarse que el imputado tenga una respuesta rápida y definitiva que resuelva su situación procesal ante la ley y la sociedad”, criticó el fiscal a los jueces del Tribunal Oral por no concluir el juicio en ese lapso.

El fiscal agregó que sobre Báez que “no se explica como a esta altura podría entorpecer la marcha del juicio si, como el tribunal lo indica, se encuentra en la etapa próxima a la de los alegatos de las partes, con imposibilidad de incorporar nuevas pruebas o de entorpecer el ingreso de las ya incorporadas al debate”.

Así, pidió que la prórroga de la prisión preventiva no sea homologada. Eso hicieron los camaristas Borinsky y Carbajo. Señalaron que por mandato del nuevo Código Procesal Penal de la Nación la potestad sobre la prisión preventiva corresponde a la Fiscalía. “No corresponde homologar lo resuelto e informado por el Tribunal en lo Criminal Federal nº 4”, señalaron.

Por ahora Báez seguirá preso porque a fines de noviembre el juez Casanello lo procesó con prisión preventiva por la compra de un campo en Uruguay. Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

También tiene preventiva en la causa conocida como "M&P, una empresa de su familia utilizada para inyectar dinero en Austral Construcciones. El fiscal Guillermo Marijuán acaba de pedir en ese expediente que el empresario sea juzgado por otra maniobra de lavado de dinero millonaria junto a dos de sus hijos.

La Justicia tiene acreditado que Austral Construcciones recibió más de $110 millones, a través de M&P, cuando afrontaba una crisis interna y necesitaba fondos para cancelar deudas. En la maniobra habrían participado casi 20 sociedades fantasmas.

Báez, sus cuatro hijos, el arrepentido Leonardo Fariña, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, entre otros, están siendo juzgados por presunto lavado de dinero de más de 60 millones de dólares. La sentencia recién se conocerá en marzo o abril.

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