
Ante los efectos de la “brisa bolivariana” o el temor a un contagio de la violencia de Chile en la Argentina el gobierno de Mauricio Macri decidió reforzar los controles a lo largo de toda la frontera trasandina, imponer mayor seguridad en la embajada y el consulado chilenos en Buenos Aires y monitorear a los denominados “objetivos sensibles” que son las empresas chilenas que están en el país ante eventuales ataques de grupos violentos como los que se vieron ayer en el consulado del país vecino.
Según confiaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, la decisión de atenuar un eventual impacto de contagio del “efecto Chile” se tomó este martes durante una reunión del Consejo de Seguridad del Gobierno en la que participaron el canciller Jorge Faurie; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el vicejefe de Seguridad Gerardo Milman; el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y el ministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros. También pasó en un momento del encuentro el jefe de Gabinete, Marcos Peñ. El presidente Mauricio Macri dejó instrucciones precisas de todo antes de partir al acto de Juntos por el Cambio en Rosario.
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La intención de la Casa Rosada es aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera andina en un operativo que está coordinado con los carabineros de Chile. Esta decisión no implica aumentar la cantidad de efectivos de Gendarmería sino extender sus horarios de vigilancia. Y se busca evitar que grupos de activistas de izquierda chilenos vengan a la Argentina para generar violencia como está ocurriendo en las calles de Santiago en estas horas ante las medidas económicas que tomó el gobierno de Sebastián Piñera.
“Hay que tomar todos los recaudos necesarios para que no haya en la Argentina un efecto contagio al de Chile, pero hoy no vemos que haya riesgos de esto”, expresó uno de los funcionarios que participaron del encuentro del Consejo de Seguridad en el primer piso de la Casa Rosada.
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A la vez, en esa reunión de altos mandos de la seguridad del Gobierno se descartó de plano la posibilidad de que haya grupos de venezolanos violentos con ánimo de generar caos en la Argentina. Según un informe que presentó Arribas en la reunión, no existe actualmente esa hipótesis de trabajo en la inteligencia argentina.
En tal caso, el único elemento de “riesgo” que se evaluó fue el de grupos relacionados con el kirchnerismo como la CETEP de Juan Grabois, la CTA, la agrupación Quebracho o sectores de la izquierda. Pero no hay indicio alguno en relación a grupos de infiltrados de Venezuela o Cuba. De hecho, la ministra Patricia Bullrich ayer reveló la presencia de seguidores de Grabois en algunas concentraciones violentas alineados con el conflicto chileno.
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La respuesta de Grabois no se hizo esperar. “Bullrich disfrutó la violencia y el comercio de armas con todas sus ‘ideologías’: desde lo que ellos llaman ‘terrorismo de izquierda’ hasta la derecha macartista. No somos como ella, ¡la CTEP no participó de ninguna agresión! Nuestra solidaridad con los periodistas”, escribió el dirigente de la CETEP en su cuenta de Twitter.
El canciller Faurie expuso una vez más su teoría sobre la existencia de una acción coordinada promovida por la dictadura venezolana para desestabilizar a los gobiernos de la región. En ese proceso, incluyó las recientes manifestaciones con incidentes en Ecuador, Chile y la Argentina. Pero también hubo coincidencias en la reunión en que aún no hay indicios sobre la presencia de infiltrados venezolanos en el país para generar violencia.
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También se supo que Macri mantiene un contacto telefónico permanente con su par de Chile Sebstián Piñera para saber de primera mano lo que está ocurriendo en el país vecino acechado por la violencia desde hace cuatro días. También el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, informa todo el tiempo a Macri y a Faurie sobre lo que sucede en Santiago.
En el caso del resguardo de la extensa frontera con Chile, la idea es que haya una mayor presencia de Gendarmería en coordinación con los Carabineros. Este refuerzo de seguridad se verá también en el consulado y la embajada de Chile en Buenos Aires donde habrá más de 40 carros hidrantes afectados a ese operativo además de los efectivos de la Policía Federal.
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También habrá un “monitoreo permanente” de empresas chilenas radicadas en la Argentina ante eventuales ataques de grupos violentos. Estos operativos no implicarán la presencia directa de uniformados todo el tiempo aunque sí se dará un seguimiento ante eventuales casos de protestas.
En el Gobierno creen que los hechos de violencia que se produjeron ayer en el consulado de Chile en Buenos Aires terminaron de jugar en contra de los manifestantes ya que agredieron a periodistas y camarógrafos, lo que generó un fuerte rechazo en la población.
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No obstante, desde la Casa Rosada desestiman la posibilidad de que se potencien estos hechos de violencia ya que no observan que en la Argentina haya grupos mayoritarios de anarquistas o de izquierda comunista radicalizada como los que hay en Chile. Pero igualmente se potenciarán las alertas y los operativos de monitoreo y control.
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