Mauricio Macri ya sabía que la Corte Suprema fallaría a favor de las provincias y su instrucción fue simple y directa al ministro Hernán Lacunza: evaluar las alternativas económicas y financieras para respetar la decisión del alto tribunal y a su vez evitar que esa decisión procesal complique “los bolsillos de los argentinos”.
Lacunza escuchó la instrucción presidencial y se puso a trabajar en un asunto que heredó de Nicolás Dujovne, su antecesor en el Palacio de Hacienda. En principio, el ministro concluyó que la medida sobre Ganancias era transitoria -desde septiembre a octubre- y que la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se estiraba hasta fin de año.
Con esta información básica, Lacunza habló con su colega de Justicia, Germán Garavano, quien usando la diplomacia judicial cuestionó la acordada firmada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “El fallo se esperaba porque los medios daban cuenta desde la semana pasada. Escapa de una tradición de la Corte de no abordar estos temas en períodos electorales", opinó Garavano tras conocerse el fallo de la Corte.
Lacunza reúne la información técnica para determinar el costo financiero de la decisión de la Corte -treparía a 30.000 millones-, mientras que aguarda una confirmación institucional que ya es una obviedad: la acordada es sobre Entre Ríos, pero en realidad funciona como un leading case para todas provincias que presentaron sus reclamos en el cuarto piso de Tribunales.
Macri instruyó a Lacunza para que haga los números de la compensación ordenada por la Corte, pero esa cifras sólo alcanzarán una instancia formal después de los comicios de octubre. Si el presidente llega al balotaje, pateará la decisión hasta principios de diciembre, y si pierde frente a Alberto Fernández será un capítulo extra de la transición que negociará con su sucesor en la Casa Rosada.
En Gobierno explican que harán todo lo necesario para cumplir con el fallo, aunque se trate de una partida extra que no estaba en los cálculos de Dujovne cuando recomendó recortar el IVA para ciertos productos y el Impuesto a las Ganancias. Y a su vez aseguran que la acordada firmada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti también es una señal política para Fernández.
Macri aún recuerda que Lorenzetti -en el festejo de fin de año de 2015- anunció que se daba lugar a los reclamos de Santa Fe, San Luis y Córdoba que exigían al Estado Nacional una deuda millonaria por coparticipación federal. Una decisión institucional que no estaba en su escenario político y que lo sorprendió a pocos días de llegar a la Casa Rosada.
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