Un proyecto de ley que busca derogar una norma bonaerense de 2017 que obliga a las comunicaciones oficiales y a los funcionarios provinciales a referirse al gobierno de facto que comenzó en 1976 como "dictadura cívico-militar" y a hablar de "30 mil" cada vez que se refiere a personas desaparecidas tomó estado parlamentario y ya puede ser discutido por los legisladores bonaerenses.
La iniciativa fue presentada por el diputado bonaerense de Cambiemos Guillermo Castello y apunta a declarar inválida la Ley 14.910 sancionada en mayo de 2017 y que tiene un solo artículo que establece: "Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".
Tras la sanción de esa ley, que fue impulsada por el senador del Frente para la Victoria Darío Díaz Pérez y aprobada con un solo voto en contra (el de Castello), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó al gobierno argentino un pedido de información en el que advirtió que el texto "además de restringir el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios abarcados en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, también podría tener un efecto inhibitorio más generalizado y afectar el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información y procesarla en un debate público robusto".
"Sin desconocer la importancia de los fines invocados por la ley, la Relatoría estima que imponer a los funcionarios públicos y organismos estatales la obligación legal de sostener una serie de extremos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas, excede el objetivo que persigue la ley y no parece constituir un medio adecuado e idóneo para alcanzar la finalidad perseguida", remató la CIDH.
Entre los fundamentos del texto, Castello sostiene que "entendemos que esta ley violenta los valores de libertad y verdad cuya promoción y protección debemos priorizar a la hora de legislar".
"La norma dispone que los tres poderes del Estado incorporen en todas sus publicaciones y actos públicos leyendas que implican una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso", detalla el proyecto.
La propuesta además agrega que "sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros".
"La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal", consideró Castello en el proyecto.
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