María Eugenia Vidal, el martes, durante una actividad oficial
María Eugenia Vidal, el martes, durante una actividad oficial

La ley que obliga a la provincia de Buenos Aires a incorporar el término "dictadura cívico-militar" y la cifra de "30.000 desaparecidos" en los actos oficiales en los que se haga referencia al último golpe de Estado generó un creciente malestar en estos días en la plana mayor del Gobierno bonaerense. Si bien desde que desembarcó en La Plata marcó una prudente distancia de la Casa Rosada en su posición respecto a la dictadura, la gobernadora y su entorno analizan por estas horas la reglamentación, o no, de la norma aprobada a fines de marzo por la Legislatura y publicada el viernes pasado por el Ejecutivo bonaerense en el Boletín Oficial.

Así lo aseguraron a Infobae desde el entorno de Vidal: explicaron que un grupo de especialistas evalúa el alcance jurídico y la reglamentación de la ley sancionada por la Legislatura el 23 de marzo pasado e impulsada por Darío Díaz Pérez, el ex intendente de Lanús reconvertido en senador provincial. "Son cinco líneas que no explican ni cómo debe cumplirse ni, por ejemplo, que organismo debe regularlo, y cercena la libertad de expresión", abundaron altas fuentes bonaerenses.

En efecto, la norma promulgada el viernes pasado consta de solo un artículo y no establece por ejemplo ningún tipo de sanciones vinculadas al no cumplimiento de la misma: "Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".

Según su círculo íntimo, Vidal está molesta con la sanción de la ley que la obliga sin ningún tipo de especificación a incorporar ambos términos cada vez que su gestión aluda al golpe de Estado. Sin embargo, el proyecto fue votado por mayoría en el Senado bonaerense -incluso por todos los senadores de la coalición de Gobierno- y ratificado en Diputados por el bloque oficialista en pleno, con excepción de Guillermo Castello, de la Coalición Cívica, que en la reunión previa a la sesión avisó que no acompañaría la votación. Sus colegas le dijeron que debían acompañar lo votado por el Senado. Castello sintió el rigor de los organismos de derechos humanos, que esa tarde se apiñaron en las gradas de la Cámara baja provincial, un día antes de la multitudinaria marcha en la Plaza de Mayo en el marco del Día de la Memoria.

Desde el Ejecutivo bonaerense evalúan por estas horas cómo eludir la discusión y sortear el costo político ante la demora o la no reglamentación de la ley, en especial después del fallo de la Corte Suprema que benefició con la llamada ley del "dos por uno" a un militar condenado por delitos de lesa humanidad, que motivó una masiva movilización frente a la Casa Rosada.

Ayer por la mañana había cierta sorpresa en el conjunto de asesores cercanos al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, por la promulgación de la ley. Es que tanto el funcionario como el propio Macri habían puesto en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, que se convirtió en un símbolo de la lucha de los organismos de derechos humanos. "Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 mil o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido", había relativizado el Presidente en agosto del año pasado en una entrevista con el sitio BuzzFeed.

Fue la misma línea que siguió a fines de enero de este año Juan José Gómez Centurión, el director de la Aduana reemplazado interinamente por cuestiones de salud, en el programa Debo Decir, de Luis Novaresio. En un tono provocador, Gómez Centurión negó la existencia de un plan sistemático de exterminio perpetrado por los militares y consideró que no eran lo mismo "8 mil verdades que 22 mil mentiras", en obvia referencia a la cifra de 30.000 ahora confirmada por la provincia de Buenos Aires. De esa misma forma también se había expresado Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura y director del Teatro Colón porteño.

Una de las que sí salió al cruce de Gómez Centurión fue justamente Vidal, ante algunos tibios rechazos por parte de la Casa Rosada. "No comparto su opinión, no es la opinión ni del gobierno nacional ni del provincial", había contestado. En noviembre del año pasado, en un reportaje al diario La Capital de Mar del Plata, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, había sido categórico: "El Estado, al momento de discutir estos temas, tiene que tener en cuenta a aquellas organizaciones de la sociedad civil que estuvieron más cerca de las víctimas y que mayor conocimiento tenían de esa realidad, y si ellos plantean que son 30 mil, son 30 mil". Y agregó: "Nuestra responsabilidad como Estado es ayudar en la búsqueda de la verdad, no discutir lo que la sociedad civil que estuvo cercana a los hechos sostiene".

Contrariamente fue la opinión, en los últimos meses, de Graciela Fernández Meijide, integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y madre de un hijo desaparecido. "Yo no admito que haya dos números de desaparecidos. Uno era una necesidad, donde para argüir que había un genocidio se dijo lo de los 30 mil. Y el otro es el que está documentado. Pasaron los años, se acabó el miedo. ¿Me van a decir que hay 20 mil familias que no han denunciado la desaparición de un miembro? Explíquenme cómo, por favor", se preguntó Fernández Meijide ante el diario La Nación el último 24 de marzo. La semana que viene, la gobernadora tiene agendado el acto en el que la Legislatura porteña tiene previsto declarar ciudadana ilustre a la ex integrante de la CONADEP.

Por estas horas, sin embargo, analiza los artilugios legales para rebatir la ley impulsada por la oposición, en medio de un debate que el oficialismo prefiere evitar. La principal razón por la que el gobierno bonaerense evitó vetar la norma antes de ser promulgada.