
El primer juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, de acuerdo a lo dispuesto por los jueces del Tribunal Oral Federal 2.
El abogado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que está imputado en la causa y se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz, cuestionó el accionar del presidente del Tribunal, Jorge Gorini, y aseguró que "fue agraviado el rol de abogado en esta audiencia".
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Maximiliano Rusconi se quejó porque no pudo habar durante la audiencia y porque, según entiende, el procedimiento no fue bien realizado. Gorini anunció el inicio de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y casi de inmediato fue interrumpido por el abogado de De Vido.

En lo que fue el primer fuerte cruce apenas iniciado el debate, Gorini se negó a darle la palabra para efectuar un planteo previo sobre la nulidad del juicio, y el letrado respondió aludiendo a la "gravedad" del caso. El juez tuvo que pedir silencio en la sala y de inmediato comenzó la lectura de la acusación fiscal, que demandará varias jornadas.
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"El estado de derecho no está riesgo, está destruido. Hemos llegado tarde", indicó Maximiliano Rusconi en declaraciones a la prensa luego del cuarto intermedio. En esa línea, sostuvo: "Lo del presidente del Tribunal es vergonzoso. Si va a actuar así, debería renunciar".
Rusconi opinó que el juicio será muy difícil de llevar adelante "porque no hay reglas claras". "Es difícil sentir que no hay reglas. Es como jugar un partido de fútbol donde el árbitro está con la camiseta de uno de los equipos", indicó.
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Por otra parte , el letrado adelantó que acudirá al Colegio de Abogados para pedir que se designe un veedor. "No tiene paragón en la historia el agravio que ha sufrido el rol de abogado en esta audiencia", expresó.
Todos los imputados, entre los que están Cristina Kirchner, De Vido y José López , son juzgados por los presuntos delitos de "asociación ilícita y defraudación a la administración pública" a raíz del direccionamiento del 80 % de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos del kirchnerismo.
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