El vínculo que el fiscal Enrique Senestrari no quiso investigar en la ruta del dinero K de Córdoba

El 27 de agosto de 2014, la justicia federal de Córdoba secuestró USD 290 mil con numeración consecutiva que nunca habían circulado de los cofres 38 y 39 de la financiera Cordubensis (CBI). Las cajas de seguridad estaban a nombre del ex intendente del municipio cordobés de Laguna Larga, Fernando Boldú y figuraba como autorizado para ingresar el ex intendente de Villa María y ex candidato kirchnerista a la gobernación Eduardo Acastello. El fiscal de la causa, Enrique Senestrari, integrante de la agrupación Justicia Legítima, siempre se resistió a profundizar la pesquisa en orden a determinar con claridad el vínculo entre Boldú y Acastello.

Tampoco quiso investigar el caso como lavado de activos. Según Senestrari, si había delito, era enriquecimiento ilícito y por lo tanto debía ocuparse del asunto la justicia provincial. Sin embargo, cuando la causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, este tribunal consideró que era competencia de la justicia federal por entender que se trataba de una posible maniobra de lavado de activos. Pese a la orden del máximo tribunal penal del país, el fiscal Senestrari nunca quiso investigar por este delito a Acastello y a Boldú, el titular de las cajas de seguridad con los 290 mil dólares.

La causa CBI se inició con la muerte del vicepresidente de la financiera, Jorge Suau, que, al dejar una carta, abrió la posibilidad de iniciar una investigación que involucró a importantes empresarios y políticos de Córdoba. En la mencionada financiera se tomaba y se prestaba dinero y su dueño, Eduardo Rodrigo, además de los socios Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano, conformaron una asociación ilícita para incurrir en esta y otras actividades ilegales, de acuerdo con la denuncia judicial.

En el juicio oral que se desarrolla en los tribunales de Córdoba, este jueves declara el síndico de la quiebra, Ricardo Veltruski Heck, quien descubrió el contrato de alquiler de las cajas de seguridad de Boldú. En este documento figura como autorizado Acastello con su firma registrada. Este indicio lleva a presumir que esa plata era del ex intendente kirchnerista de Villa María.

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Este contrato no había sido digitalizado por Senestrari, por lo que se sospecha que hizo esto con la intención de ocultarlo a fin de que no investigaran a Boldú y Acastello. Por ese motivo, los defensores de los imputados en la causa denunciaron al fiscal de Justicia Legítima ante la Procuración General de la Nación, que hizo una auditoría septiembre del año pasado y pese a la voluminosa documentación que se llevaron no avanzó el jury contra Senestrari.

Pero no es lo único que no quiso investigar Senestrari. El arrepentido de la causa, Miguel Vera, contó ante el fiscal un diálogo que habría mantenido con Boldú. Según el relato de Vera, el ex intendente de Laguna Larga le preguntó "¿arreglaste la cometa tuya?" a lo que el arrepentido respondió "tu amigo Suau (vicepresidente de CBI) algo pagará" y preguntó "¿y uds?". El arrepentido declaró que Boldú le contestó "Obvio amigo. Con este negocio me compro el departamento, un piso criminal frente a la Plaza España." Vera le contó a Senestrari que estuvo en ese inmueble, sin embargo el fiscal nunca lo investigó.

Se trata de un piso de lujo de 300 metros cuadrados de superficie ubicado en las Torres de la Plaza, en el barrio Nueva Córdoba, con cuatro dormitorios en suite, vista panorámica a la ciudad, SUM, seguridad durante las 24 horas y otros detalles de confort. En el departamento vive Boldú y estaciona su auto en una de las cocheras, aunque nunca declaró este inmueble que figura a nombre de su madre, Amelia Margarita Nelson, pensionada que -según los registros- cobra $17.203,82 por mes. El departamento está en venta pero presumiblemente a raíz de esta situación judicial está costando encontrar un comprador.

El ex intendente de Laguna Larga, Fernando Boldú intentó justificar el origen de los 290 mil dólares en el expediente sucesorio de su padre, el detalle que no tuvo en cuenta es que el hombre falleció en el año 2000 y los dólares hallados en las cajas de seguridad de CBI están emitidos en 2006. Todo esto no lo investigó Enrique Senestrari, el fiscal federal de Justicia Legítima que pidió que caiga el Presidente Mauricio Macri.