
El ex ministro Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini, y los ex directivos Carlos Ben y Raúl Biancuzzo fueron procesados por los sobornos que se habría pagado en la causa conocida como Odebrecht-Aysa. El juez federal Sebastián Casanello también procesó a otras seis personas como cómplices del delito y dictó embargos por 511 millones de pesos.

El magistrado solicitó al Ministerio Publico Fiscal que avance con las negociaciones para obtener las declaraciones premiadas de los empresarios de Odebrecht. Y solicitó la extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y Camargo Correa, sospechados de haber intervenido en las contrataciones que beneficiaron a esta empresa y en el pago de sobornos.
Se trata de una de las tres causas que involucran a Odebrecht en Argentina. El juez investiga la contratación para las obras de la Planta Depuradora Paraná de las Palmas, adjudicadas al consorcio de las empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos -Supercemento-José Cartellone; y la Plata Depuradora Berazategui, adjudicada al consorcio Esuco-Camargo Correa. Se sospecha que los empresarios habrían pagado sobornos para direccionar contrataciones y también para reactivar pagos adeudados en las empresa.

Esta es la segunda resolución que firma el juez Casanello por el caso conocido como Odebrecht-Aysa. Antes, el juez había dictado procesamientos por defraudación al Estado contra algunos de los funcionarios y empresarios, pero no había avanzado sobre el capítulo de los sobornos.
Precisamente, la Cámara Federal confirmó en diciembre el procesamiento de 19 personas, entre ex funcionarios y empresarios, por irregularidades en la licitación para la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA. El tribunal también le prohibió la salida del país a los acusados y mantuvo los embargos de dinero y bienes de seis empresas, entre ellas "Odebrecht", "Benito Roggio", "Supercemento" y "José Cartellone". La Sala I de la Cámara ratificó así la decisión del juez Casanello.
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