
En noviembre de 2012, apenas un año después que el juez Claudio Bonadio lo sobreseyó por supuesto enriquecimiento ilícito, Isidro Bounine se lanzó a los negocios inmobiliarios, el mismo rubro que ahora lo llevó a la cárcel. En la causa de los cuadernos, se lo acusa de integrar la estructura ideada para vender las propiedades de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. La declaración de Juan Manuel Campillo, lo ubicó en el centro de la maniobra: ex ministro de Economía de Santa Cruz dijo que Bounine lo convocó para que colabore en la venta de los bienes. Pero no fue el único arrepentido que complicó su situación: Elizabeth Ortiz Municoy, en libertad desde el 26 de octubre, también declaró en su contra. "Bounine tuvo un rol importante en la maniobra, aunque no determinante", resumió ante Infobae una fuente de la investigación.
Bounine llegó a los Kirchner a través de su mamá, ex niñera de Florencia Kirchner. Fue secretario privado de Cristina hasta diciembre de 2011, cuando renunció y se dedicó a los negocios privados.
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La primera aparición mediática de Bounine se remonta a 2009, cuando la Justicia puso la lupa sobre su patrimonio a partir de una investigación periodística de la revista Noticias. Bounine había llegado a la Casa Rosada en 2005, con apenas 15 mil pesos de patrimonio declarado. Cuatro años después, ya había comprado un departamento de 69 m2 en el barrio de Belgrano y una casa en Río Gallegos.

En 2011, los números marcaban un aumento patrimonial de 60 veces, tomando en cuenta los valores de las declaraciones juradas, pero su patrimonio declarado en ese momento no superaba los 900 mil pesos. Con esos datos, el juez Bonadio lo sobreseyó.
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Un año después, el 11 de julio de 2012, Bounine creó la sociedad ALTERRA PROPIEDADES SRL para dedicarse al negocio inmobiliario. Según el acta de constitución, al que tuvo acceso Infobae, los socios originales de Bounine fueron su pareja, la escribana Cecilia Alejandra Velasco, Marcela Martin Seeber (designada gerenta), Máximo Martin Seeber, y el martillero José María Andrés Barros Vázquez.

Bounine y su mujer constituyeron la sociedad con apenas $12.000 cada y designaron como sede una oficina ubicada en Laprida 2202. El acta original, con la firma del escribano Marcelo Bubis, termina con un párrafo de rigor: "Los comparecientes declaran que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la nómina de funciones de personas expuestas políticamente".
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En marzo de 2016, la sociedad declaró ante la Inspección General de Justicia (IGJ) que uno de los socios, Barros Vázquez, le cedía sus acciones a la martillera Victoria Maria Tapia y a la mujer de Bounine. A partir de ese momento, el ex secretario privado de Cristina Kirchner se quedó con un 40% del capital social, y su mujer con un 43%.

Aunque tiene apenas un 2% de las acciones, Tapia -monotributista categoría G- figura como titular de la inmobiliaria ante el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA). Eso implica que la sociedad de Bounine no debería facturar por las operaciones realizadas. "La sociedad Alterra Propiedades no está habilitada. Toda la facturación (de la inmobiliaria) debería estar a nombre de Tapia, que es la martillera matriculada registrada en nuestra institución", explicaron fuentes del Colegio. Y aclararon que la martillera no tiene sanciones ni denuncias en su contra.
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La inmobiliaria de Bounine, conocida en el mercado como "Epico Propiedades", funciona desde mediados de 2016 en la esquina de Las Heras y República Arabe de Siria. Infobae intentó contactarse durante los últimos días con sus responsables, pero nadie respondió los mensajes.

El ex secretario de Cristina está preso desde el 16 de enero a partir de los dichos de Campillo, quien aseguró que le pagó 230.000 euros por un "asesoramiento" sobre las sociedades de Daniel Muñoz y su entorno radicadas en Estados Unidos.
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Según Campillo, tuvo varias reuniones en "unas oficinas de Bounine" hasta concretar el primer viaje al exterior, pero no dio precisiones sobre el lugar. En ese entonces, el ex secretario de Cristina ya tenía la inmobiliaria y una empresa denominada Apoll Servicios Integrales. Esa sociedad también fue creada en 2012. Un año después, tras el cambio de domicilio de la ciudad de La Plata a la Capital Federal, Bounine y su pareja se quedaron con la totalidad del paquete accionario.
La situación judicial de Bounine cada vez se complica más. Esta semana, la Cámara Federal rechazó su excarcelación. Su abogado defensor, Diego Richards, aspira a conseguir su libertad sin pasar por el régimen del arrepentido.
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