El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y varios de sus funcionarios fueron denunciados penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario a raíz de las graves inundaciones que afectaron a la provincia en las últimas semanas. La denuncia fue formulada por una diputada nacional del espacio de Elisa Carrió, María Lucila Lehmann, ante el Ministerio de la Acusación en Santa Fe.
"Nos encontramos ante una realidad que a la luz del sentido común resulta evidente: frente a un problema de larga data como son las inundaciones, la falta de soluciones y las reiteradas emergencias que en consecuencia se decretan, son la prueba cabal de una mala administración gubernamental", sostuvo la denuncia a la que accedió Infobae. Las inundaciones no son culpa del clima de la misma forma que no es culpa de la gravedad si una persona salta de un avión sin paracaídas y muere. Es tiempo de que la mala administración de los funcionarios a cargo que deriva en cuantiosos daños no quede más impune".
En la denuncia se afirmó que "la 'desidia gubernamental', que tan bien señaló la Sociedad Rural de Rosario" es "ni más ni menos que un ilícito penal y por lo tanto los funcionarios responsables deben ser penados". Allí se remarcó que la situación provocada por factores climáticos se agravó por la falta de obras para solucionar "el grave problema hídrico", que "hace décadas que la región padece inundaciones y también períodos de sequías" y que "los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo y que poco y nada han venido haciendo al respecto".
Piden llamar a declarar como testigos a ex funcionarios y expertos y que se libren oficios a la Sociedad Rural de Rosario y al Ministerio del Interior de la Nación, reparticiones provinciales y la Corte Suprema de Santa Fe.
Las últimas inundaciones dejaron 300 mil hectáreas bajo el agua. De acuerdo a un informe preliminar de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las inundaciones en el norte de Santa Fe implicarían pérdidas en cultivos por 230,7 millones de dólares. "Esto sin contar daños materiales a viviendas, daños físicos y morales de los afectados, además de los perjuicios en la recaudación y en las arcas provinciales por los subsidios que deben afrontarse en virtud de la emergencia agropecuaria decretada", agregó en la denuncia.
Según se sostiene, "nadie puede aludir a esta altura que las inundaciones son imprevisibles. No puede eximirse la administración gubernamental de la responsabilidad que le compete señalando que son por culpa del 'cambio climático' del que sabemos y somos conscientes desde hace al menos 25 años".
Fueron acusados el gobernador Lifschitz, su ministro de Infraestructura y Transporte provincial, José León Garibay, "y/o quienes resulten responsables por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros posibles ilícitos".
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