Finalmente, y tras 17 años de su venta a un consorcio empresas privadas, Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) regresará al Estado en su totalidad. En las últimas horas, la Corte Suprema declaró constitucional el decreto 315/2007 que anulaba la privatización en un 90% del paquete accionario en el año 1991 por la suma de 59.760.000 dólares en favor de un consorcio cuyos integrantes habían constituido la firma Inversora Dársena Norte S.A. (Indarsa).
La anulación de la venta está fundada en la existencia de diversos vicios que afectaron la contratación y que resultaron conocidos por los beneficiarios: entre ellos, la alteración en favor de Indarsa del precio y de las condiciones de pago previstas al llevarse a cabo la licitación e incluidas en la oferta realizada por el propio consorcio.
El síndico de la quiebra de Indarsa planteó la inconstitucionalidad del mencionado decreto por considerar que al haber dejado sin efecto actos anteriores que habían producido efectos respecto de terceros, la extinción debió haber sido resuelta por autoridad judicial. La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a este planteo.
En este marco, la Corte Suprema, con el voto de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y Elena Highton de Nolasco, confirmó una resolución de primera instancia que había rechazado el planteo de inconstitucionalidad del decreto 315/2007. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti aclararon que el síndico de la quiebra realizó el planteo de inconstitucionalidad en defensa de los derechos de terceros —acreedores verificados en la quiebra de Indarsa y otras personas que ejercieron funciones en dicho proceso— y no de la fallida.
Así, los tres jueces entendieron que el único facultado para solicitar la declaración de nulidad de un acto revocatorio es el destinatario del acto revocado. Asimismo, tuvieron en cuenta que ni la cámara ni el síndico de la quiebra de Indarsa negaron que el beneficiario de los actos revocados hubiera conocido el vicio que afectaba la venta de las acciones de Tandanor.
Como antecedente de este fallo, en septiembre de este año el Tribunal Oral Federal 5 ordenó que vuelva al Estado nacional un predio valuado en USD 38 millones en uno de los lugares más caros de la ciudad de Buenos Aires y que fue privatizado durante el gobierno de Carlos Menem. Se trata del lugar donde funciona Tandanor.
Además, los jueces Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak y Sabrina Namer condenaron a tres años de prisión en suspenso a tres acusados por el delito de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y declaró responsables a otros tres acusados pero entendieron que por su rol su situación estaba prescripta. Para los jueces, la privatización fue fraudulenta y todo debe retrotaerse al momento de la venta.
Tandanor es un predio de ocho hectáreas en una de las zonas más caras de la ciudad, en el barrio de Retiro y sobre el Río de la Plata. La empresa que se quedó con la privatización buscó hacer un negocio inmobiliario valuado entre USD 400 y 500 millones. En diciembre la zona fue tasada oficialmente en USD 38 millones.
En su predio tenía dos plantas y el gobierno de Menem la privatizó. El negocio quedó para Ciamar, de capitales argentinos, que se quedó con el 92% de las acciones; el Banco Holandés Unido; y la francesa Sud Marine Enterprises. Las tres conforman Indarsa.
Pero tras la privatización, Menem firmó un decreto que cambió las condiciones: de USD 8 los millones en efectivo y USD 160 millones en títulos del Estado que se fijó originalmente como pago por la empresa se cambió a USD 7.200.000 en efectivo y USD 52.560.000 financiados a nueve años con tres de gracia.
Cuando Ciamar tomó posesión de Tandanor, vendió una de plantas a la empresa Puerto Retiro, que se sospecha que es de los mismos dueños y que pidió la rezonificación del lugar para construir viviendas. La privatización se transformó en una causa judicial que se inició en 1999 y en la que se investigó el negocio.
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