
El oficialismo y el PJ dieron este miércoles otro paso para avanzar en la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que hasta hace unas semanas estaba virtualmente estancada, y que introduce, entre otros cambios, el levantamiento de la prohibición de las contribuciones empresarias y la obligación de la bancarización.
Pasadas las 19, el Gobierno y la oposición habían arribado a un acuerdo en el plenario de comisiones para aprobar el dictamen del proyecto negociado en las últimas semanas, y que ya contaba con las firmas de la oficialista Inés Brizuela y Doria y de Dalmacio Mera, del PJ. En el entorno del jefe del bloque peronista Miguel Ángel Pichetto, que presentó un proyecto hace un mes, había dudas por los detalles del dictamen que giraba a última hora de la tarde de este miércoles por los despachos de la Cámara alta. En las próximas horas estamparían el resto de las firmas.
"Proponemos eliminar la prohibición de la ley vigente, y que los aportes puedan realizarse cumpliendo con la trazabilidad y los límites establecidos en la ley", aseguró tras el plenario la senadora Brizuela y Doria en referencia a la vuelta de las donaciones de personas jurídicas a las campañas electorales, algo que fue prohibido a fines del 2009 durante la administración de Cristina Kirchner.
Según trascendió, el dictamen contemplaría un límite del 5% de las contribuciones de las personas físicas y de las compañías del total de los gastos de la campaña. La iniciativa presentada hace un mes por Pichetto, y firmada junto a Mera, Rodolfo Urtubey, Carlos Caserio y Julio Catalán Magni, establecía un tope del 15%. Es uno de los puntos de discusión. El texto incorpora además la trazabilidad de los aportes. Es decir, elimina el efectivo durante las campañas y fuerza la bancarización.
De todos modos, la idea de la Casa Rosada -el ministro Rogelio Frigerio fue uno de los que llevó adelante las conversaciones- y del PJ está orientada a buscar darle media sanción al proyecto antes de fin de año, tras la aprobación del Presupuesto 2019. Este medio había adelantado el 19 de octubre que existían negociaciones en marcha para impulsar los aportes de empresas.

El Gobierno presentó un proyecto para cambiar la ley vigente a mediados de julio, en medio de la escalada de la causa por los aportes irregulares en la campaña bonaerense de Cambiemos del año pasado, que jaqueó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Dos semanas después, el juez Claudio Bonadio ordenó las primeras medidas en la investigación denominada "los cuadernos de las coimas K", que desnudó un sistema ilegal de pagos orquestados entre funcionarios de la anterior gestión y empresarios de primer nivel, varios de ellos destinados a las campañas electorales.
La causa tramitada por Bonadio impactó directamente en los proyectos de financiamiento presentados por la Casa Rosada, en particular en el capítulo relacionado a los aportes de empresas. El mes pasado, de hecho, la Legislatura porteña aprobó el nuevo Código Electoral que le permite a Horacio Rodríguez Larreta a unificar el calendario electoral, pero quedó afuera el rubro referido a la financiación de las campañas.
Durante estos últimos meses, incluso, el oficialismo presentó otras iniciativas que también omitían la vuelta de las donaciones de personas jurídicas, como el de la diputada Silvia Lospennato.
Después de eso, el Gobierno y el PJ mudaron la discusión al Senado. De aprobarse, restará la sanción definitiva en Diputados, el próximo año, en vísperas de la campaña presidencial.
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