La Cámara Federal de Casación Penal intervino por primera vez en la causa de los cuadernos de la corrupción entre funcionarios del gobierno anterior y empresarios de la obra pública. Lo hizo para confirmar las detenciones de tres acusados.
Fuentes judiciales informaron que la Sala I de Casación, por mayoría, rechazó las excarcelaciones del empresario Carlos Mundin, de la compañía BTU; de Nelson Lazarte, secretario privado del ex funcionario Roberto Baratta; y de Fabián Ezequiel García Ramón, ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación.
Los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone calificaron de "inadmisibles" los planteos y no fueron al fondo del pedido de los acusados.
Sin embargo, los jueces señalaron algunas aspectos de la causa por los cuales entienden que deben seguir presos: "La gravedad del hecho objeto de investigación"; "su extraordinaria magnitud, que se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de prueba, caracterizado además por una compleja y voluminosa investigación que se halla en plena sustanciación inicial". Y agregaron que el alcance de la causa "no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarea".
En disidencia, la camarista Ana María Figueroa entendió que los planteos debían analizarse, "sin que ello implique abrir juicio sobre la cuestión de fondo", y votó por la admisibilidad de los planteos porque son sobre "la posible afectación del derecho a la libertad ambulatoria y a las garantías derivadas del debido proceso".
Estos jueces son los que intervendrán en la causa de los cuadernos cada vez que algún tramo de llegue a Casación. Revisarán las decisiones que tome la Cámara Federal, que a su vez revisa los fallos del juez Claudio Bonadio.
En la causa están procesados ex funcionarios como la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal y el ex secretario de Obras Públicas, José López y empresarios como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Luis Betnaza y otros.
La acusación es por integrar una asociación ilícita que recaudaba coimas de las obras públicas. El expediente tiene una veintena de arrepentidos, entre ex funcionarios y empresarios, quienes declararon cómo era el sistema de sobornos, de recaudación y quienes eran los que pagaban y los que recibían el dinero ilícito.
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