El Gobierno pidió que no haya prisión preventiva para Cristina Kirchner y desató la furia de Elisa Carrió

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, pidió sorpresivamente que Cristina Kirchner no vaya presa. Y Elisa Carrió estalló: tanto que ya instruyó a sus colaboradores para que preparen un juicio político contra Germán Garavano.

"No es bueno que se pida la detención de un ex presidente", dijo Garavano en nombre del Gobierno al hablar de la situación judicial de Cristina Kirchner. Y agregó: "No parece bueno el desafuero y la detención (de la ex mandataria), siendo que puede brindar explicaciones en el marco de un juicio oral, pero eso es algo que debe resolver la Justicia y el Senado".

El ministro sostuvo que "hay un uso errático y excesivo de la prisión preventiva". Y remarcó: "Nunca es una buena herramienta, lo ideal es que las causas lleguen a juicio oral rápidamente".

Sobre Cristina Kirchner pesan dos procesamientos con pedidos de prisión preventiva. El primero, ordenado por el juez Claudio Bonadio, fue por el supuesto encubrimiento de Irán en la causa AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento. El segundo, también ordenado por Bonadio pero supeditado a la confirmación del procesamiento de la Cámara Federal, es por ser acusada como jefa de una asociación ilícita en el marco de la causa conocida como "cuadernos de las coimas K".

"Argentina es un país que ha tenido un uso errático de la prisión preventiva y en donde no se han fijado normas claras. No es una herramienta buena, sobre todo cuando son prolongadas, y acá se hizo un abuso", sostuvo Garavano. Y amplió: "La prisión preventiva es una medida excepcional que hay que usar restrictivamente".

El ministro agregó: "Nunca es bueno, y no puede ser nunca bueno para un país, que un ex presidente esté detenido o se le pida su detención, por el hecho en sí y en principio se debería pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fugue o que vaya a entorpecer el accionar de la Justicia".

La respuesta de Carrió no tardó en llegar. "Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes. Puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así es pasible de juicio político", fue el mensaje en sus redes sociales.

La diputada se ocupó de que trascendiera que ya instruyó a sus colaboradores para que preparen un juicio político contra Garavano.

Por la noche, el ministro de Justicia intentó bajarle el tono a la polémica. "Nunca he hablado de ningún caso concreto. La frase pudo haber sido desafortunada, o lo que ustedes consideren, pero la considero en abstracto, no sobre un hecho concreto de si son o no culpables, no me corresponde a mí, son los jueces los que deciden eso", aclaró en diálogo con A24.

Las palabras del ministro de Justicia llamaron la atención porque el propio  Gobierno promovió las visitas al país tanto del juez Sergio Moro (impulsor del Lava Jato en Brasil) como del fiscal Antonio Di Pietro (promotor del Mani Pulite en Italia) para que instruyeran a los jueces federales argentinos sobre cómo debían actuar en casos de corrupción contra funcionarios o ex funcionarios.

Hay otro dato más que no sería casual: por estas horas, los principales operadores judiciales del Gobierno estarían realizando gestiones para desplazar a Martín Irurzun de la presidencia de la Cámara Federal y lograr que no sea la Sala II de la Cámara, que integra Irurzun, la que tenga que revisar los fallos de Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas K.

Irurzun es, ni más ni menos, el autor de un fallo que estableció pautas más amplias para habilitar las prisiones preventivas de funcionarios acusados de hechos de corrupción que puedan entorpecer el trámite judicial.

Nadie se explica a qué se debe ahora el cambio de actitud. Para muchos, hay una sola respuesta: Cambiemos necesita a Cristina Kirchner libre y candidata para evitar que el peronismo logre unificarse detrás de un nuevo líder.  La candidatura de la ex presidenta sería clave para dividir el voto opositor.

La nueva posición del Gobierno se opone directamente a lo que expresó la sociedad en las calles el 21 de agosto, cuando una multitudinaria movilización frente al Congreso reclamó el desafuero de la ex presidenta que le permita a la Justicia avanzar con su detención. Las palabras del ministro de Justicia expresan todo lo contrario.