El juez federal Sebastián Casanello se quiere quedar con la causa que investiga los aportes de campaña de Cambiemos en donde analiza una denuncia por delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y falsedad ideológica. A contrapelo de lo que recomendaba el fiscal Carlos Stornelli, Casanello firmó este miércoles una resolución en donde rechazó mandar la causa a la Justicia federal de La Plata, con competencia electoral, como le había reclamado el juez Adolfo Ziulu.
Con esa decisión, se abre un problema de competencia. Ahora, un tribunal tendrá que resolver quién se queda con la causa. Pero tampoco está claro quién lo resolverá. Ziulu había pedido que la decisión quedara en manos de su superior, la Cámara Federal de La Plata con competencia electoral, mientras que Casanello entendió que debía quedar a criterio de "un tribunal superior común".
La denuncia tiene su origen en una investigación del periodista Juan Amorín sobre la presunta falsificación de los nombres de los aportantes de la campaña que tuvo como principales candidatos a Esteban Bullrich, Gladys González y Graciela Ocaña. También, sobre la aparente participación apócrifa como aportantes de más de 800 personas entre beneficiarios de planes y monotributistas sociales.
Como consecuencia de la investigación se abrieron varias causas: una penal y otra electoral en la jurisdicción de La Plata, y otra penal y electoral en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal electoral porteño Jorge Di Lello mandó su parte al juzgado electoral de La Plata porque las irregularidades ocurrieron en ese distrito. Y luego el juez de allí, Ziulu, le pidió a Casanello que inhibiera de seguir actuando y le mandara su investigación en marcha. Fue a pedido del secretario general de la Presidencia Pablo Clusellas, en su rol de apoderado del partido PRO.
Esa situación abrió un interrogante sobre el avance de la causa que llevaba Casanello, por la denuncia que impulsó La Alameda por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y falsedad ideológica que no solo abarcaba sospechas sobre la elección de 2017 sino que se amplió a los comicios de 2015.
Por un lado, Casanello sí aceptó enviar a la Justicia penal de La Plata (Ernesto Kreplak) las afiliaciones truchas de unas 30 personas en la provincia, pero decidió quedarse con la parte central de la investigación penal.
"Estamos en presencia de dos procesos de distinta naturaleza. El que venimos llevando adelante es una investigación judicial penal, orientada a comprobar si existe un hecho delictuoso, sus circunstancias; individualizar a los partícipes; y comprobarla extensión del daño causado. El que se encuentra a cargo del Dr. Ziulu, en cambio, es una pesquisa en materia electoral", dijo Casanello.
Según sostuvo, "este juzgado no discute ni disputa la atribución de la Justicia federal electoral de revisar las cuentas y aplicar las sanciones previstas para quienes de algún modo infrinjan el régimen de financiamiento de los partidos políticos o sus campañas electorales".
"En la medida que se observe que por materia o territorio los hechos excedan la competencia del tribunal, así se declarará. Mientras tanto se respetará la competencia de otros tribunales y se conservará la jurisdicción atribuida legalmente, alentando la cooperación en la medida que no se desnaturalice ni se ponga en riesgo el principio de juez natural", añadió.
La decisión de Casanello:
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