La Justicia electoral de la provincia de Buenos Aires reclamó la competencia de la causa que investiga el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos. Así les pidió el juez subrogante Adolfo Gabino Ziulu a sus colegas del fuero penal Sebastián Casanello y Ernesto Kreplak.
Puntualmente solicitó que le remita las actuaciones de las investigaciones que ambos tienen en sus manos y que analizan si hubo lavado de dinero en las elecciones primeras y generales del año pasado.
El pedido fue firmado por Ziulu, juez federal subrogante en el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, ante una solicitud del secretario general de la Presidencia Pablo Clusellas, en su rol de apoderado del partido PRO.
Ahora será el juez Casanello, desde Comodoro Py, y Kreplak, en La Plata, los que tengan que analizar si declinan su intervención o deciden quedárselas porque entienden que sus causas exceden las cuestiones electorales.
De ser así, el conflicto entre competencias promete ser grande, incluso sobre qué Cámara debería dirimir la cuestión: si el fuero electoral -como dice Ziulu- o el que investiga delitos federales.
En sus argumentos, Ziulu sostuvo que es el fuero electoral bonaerense el que tiene que concentrar todas las causas abiertas. Aseguró que al crear un fuero especializado que tiene por fin último resguardar el sistema republicano y democrático estatuido como forma de gobierno ha pretendido concentrar todas las decisiones que pesan sobre los procesos electorales en este fuero específico con competencia exclusiva y excluyente.
Para Ziulu, de este modo se garantiza la coherencia y cohesión del sistema y se brinda mayor seguridad jurídica. Admitir -dice el magistrado- que "otros órganos jurisdiccionales con extraña competencia, se encuentran igualmente facultados para controlar los procesos electorales, quiebra la unidad del sistema instaurado y pone en crisis la consecución de los objetivos tenidos en consideración al momento de su creación".
"Consentir –dice el fallo- el tratamiento de denuncias referidas a falsedades o inexactitudes que pudieren contener los informes de recursos y gastos de campaña de las agrupaciones políticas que participaron en una elección nacional en la provincia de Buenos Aires ante un órgano distinto del indicado por la norma, implicaría abandonar la competencia que expresamente ha otorgado el legislador a la Justicia Electoral Nacional, en el marco del proceso de control del financiamiento de los partidos políticos, con grave afectación al principio del juez natural consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional".
Puso como ejemplo además la decisión del fiscal electoral porteño Jorge Di Lello y de los jueces federales de Bahía Blanca y de Necochea que le remitieron sus causas y le requiere a Casanello y Kreplak que, en caso de no compartir la resolución, remitan las respectivas causas a la Cámara Nacional Electoral para dirimir el conflicto de competencia.
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