
"Antes de fin de año tenemos juez federal en el 5", asegura un funcionario que integra la mesa judicial del Gobierno que se encarga de la estrategia y de buena parte de la relación de la Casa Rosada con el Poder Judicial.
La frase alude al Juzgado Criminal y Correcional Federal 5, que hasta el 2016 ocupó Norberto Oyarbide y cuyo concurso entra por estos días en su etapa final hasta que Mauricio Macri elija al postulante que enviará al Senado para su aprobación final.
El jueves, el Consejo de la Magistratura aprobaría en comisión la terna de candidatos que el plenario elevará luego al Poder Ejecutivo, según confiaron fuentes oficiales y del Consejo encargado de la selección de los magistrados.
En los últimos días, los consejeros entrevistaron a los diez postulantes que quedaron en carrera después de la evaluación de la Comisión de Selección del organismo -antes pasaron las impugnaciones y la prueba de oposición escrita, que rindieron hace más de un año- para ocupar el juzgado que dejó vacante Oyarbide y que todavía subroga Marcelo Martínez de Giorgi.
Un concurso clave ya que se trata de uno de los juzgados en los que se dirimen las causas de corrupción contra los funcionarios, en momentos en los que el sistema político y económico de nuestro país están contra las cuerdas por la mega causa que tramitan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. La semana pasada, Oyarbide lloró por radio y montó una escena en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, el edificio en el que trabajó hasta el 2016: al final, dijo que lo habían presionado para sobreseer al matrimonio Kirchner, previo a la Navidad del 2009.
De los diez -Víctor Hortel, ex director de Vatayón Militante, integraba la lista-, el Consejo se focalizó en los primeros cuatro candidatos: Agustina Rodríguez, María Eugenia Capuchetti, Juan Tomás Rodríguez Ponte y Hernán Blanco. Los otros cuatro ya quedaron fuera de carrera. Incluso Alejandra Alliaud, que llegó al concurso con el impulso del ministro Germán Garavano.

Según las fuentes, la terna que finalmente el Consejo aprobará en la reunión de este jueves y luego elevará al Ministerio de Justicia, el mes próximo, estaría integrada por los tres primeros candidatos que están en carrera: Rodríguez, Capuchetti y Rodríguez Ponte.
Las chances de Rodríguez, primera en el concurso, son de todos modos nulas. Coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal, estuvo cerca de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, que renunció en octubre del año pasado tras incesantes pedidos del gobierno de Macri.
En ese sentido, las preferencias de la mesa judicial que rodea a Macri se reparten entre Capuchetti y Rodríguez Ponte. Están cabeza a cabeza.
Titular de la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio Público de la Ciudad, Capuchetti -hija del jefe de Seguridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)- trepó en los últimos meses del puesto 6 al 2.

Está bien considerada por un sector de la mesa judicial que se reúne todas las semanas en el primer piso de la Casa Rosada y a la que se sientan Garavano, Pablo Clusellas, José Torello, Bernardo Saravia Frías y Juan Bautista Mahiques y que cada quince días le lleva las novedades al Presidente. Pablo Tonelli, diputado y consejero, es otro de los que da su opinión.
Rodríguez Ponte es el otro candidato con chances. Es el titular de la Oficina de Escuchas de la Corte Suprema de Justicia que llegó a ese lugar tras trabajar durante años como secretario del juez Ariel Lijo. Había buscado el guiño de Elisa Carrió, que cada tanto apunta sus dardos a Comodoro Py.
La última palabra será de Macri, antes de enviar el pliego al Senado. El jefe de Estado mira con interés, en especial en los últimos días, los tribunales de Comodoro Py, de una sensibilidad extrema para la política. Oyarbide había sido, por ejemplo, el juez que lo procesó por la causa de las escuchas durante su paso por el Gobierno porteño.
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