El Gobierno evalúa adelantar aumentos en los planes a las organizaciones sociales de cara a la reunión de mañana

El objetivo es atenuar el impacto social de la turbulencia económica, a la que la Casa Rosada no parece encontrarle salida. Con esa idea, y nueve meses después del último encuentro formal, en septiembre pasado, el Gobierno evalúa adelantar aumentos en los planes de los movimientos sociales de cara a la reunión prevista para mañana entre la ministra Carolina Stanley y los líderes de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Así lo confirmaron fuentes oficiales a última hora de ayer a este medio, en vísperas de la convocatoria de este miércoles por la mañana que reunirá a la ministra y parte de su equipo junto a Juan Grabois -iría acompañado por Emilio Pérsico-, Daniel Menéndez y Juan Carlos Alderete, cuatro de los dirigentes sociales de mejor diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social.

Según confiaron, una de las medidas en análisis desde ayer es un adelanto del aumento en los planes -que alcanza a unos 400 mil beneficiarios-, que a fines de mes llegarán a $5.000, la mitad del salario mínimo, vital y móvil, tal cómo se acordó en las discusiones del año pasado.

El ofrecimiento a las organizaciones sociales sería a cuenta de los futuros incrementos, superior a los $5.000. En ese sentido, el ministro Jorge Triaca, que ayer habló por teléfono varias veces con su par de Desarrollo Social, podría convocar al consejo del salario mínimo, vital y móvil en estos días.

Aunque fuentes de la Jefatura de Gabinete no descartaron el otorgamiento de un bono por única vez, una iniciativa que, en principio, no estaba en los planes del ministerio de Desarrollo Social. Entre los ofrecimientos, se prevé además ungir una mesa de trabajo para consensuar algunos proyectos de ley que tienen las organizaciones en carpeta.

Más allá de las severas fallas en el programa económico de Mauricio Macri, y del impacto social de las medidas de gobierno, los dirigentes que mañana se volverán a reunir formalmente con la administración de Cambiemos tienen buena relación con Stanley y su viceministro Carlos Pedrini. En especial Grabois, líder de la CTEP, el más asiduo de los interlocutores y uno de los dirigentes más cercanos al Papa Francisco.

El encuentro, de todos modos, cobra esta vez especial relevancia. No solo por la conflictividad social: la semana pasada, Menéndez, de Barrios de Pie, había alertado en declaraciones radiales por un endurecimiento de los reclamos.

La reunión suma interés además por el rol de la Iglesia, de estrecha vinculación con los dirigentes sociales. En las últimas horas, Fernando Maletti, el obispo de la diócesis de Merlo y Moreno -una de las zonas más calientes del Conurbano bonaerense-, habló varias veces con Stanley y su entorno. Suelen hacerlo seguido, al igual que monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

En este caso, intercambios con Maletti opiniones acerca de la reunión de mañana. Tanto el obispo de Merlo y Moreno como Ojea están en Córdoba, en un encuentro de la Iglesia. Es probable que, por eso, la Pastoral Social no tenga una silla en la mesa de mañana. Maletti había participado de la última reunión en las oficinas de Desarrollo Social, en septiembre del año pasado, un mes antes de las elecciones de medio término.

Hace casi dos semanas, Jorge Lugones, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, había advertido por el costo social del ajuste impulsado por la Casa Rosada, y trazado un crudo diagnóstico de la realidad y la pobreza junto a Stanley y la gobernadora María Eugenia Vidal. Fue en Mar del Plata, en el inicio de la Semana Social.

20 días atrás, la ministra y Vidal habían viajado hasta Roma para reunirse en privado con Francisco, un encuentro de una hora del que no se conocieron detalles. La reunión estuvo cruzada en buena medida por el avance del proyecto de ley de legalización del aborto, que la Iglesia recibió con fastidio. Abundaron, sin embargo, en el avance de las medidas sociales impulsadas tanto por el gobierno nacional como por el bonaerense.

La semana pasada, la gobernadora anunció subas en la jubilación mínima y aumentos en las cifras de asignaciones familiares, también para tratar de suavizar el impacto de los desajustes económicos. En medio del salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En paralelo, el Gobierno busca un guiño con el sindicalismo. Busca reabrir las paritarias que habían cerrado en torno al 15% y llevarlas al 20%. La pauta de inflación del 15%, prevista en el presupuesto aprobado el año pasado, dejó de ser realista hace rato.