En medio de los debates y la puja parlamentaria por los aumentos de tarifas, la diputada nacional Elisa Carrió presentó hoy un proyecto de ley en el que prohíbe la inclusión de cargos extra en las facturas que corresponden a servicios públicos.
La líder de la Coalición Cívica propone que no se incorpore "cualquier cargo, tasa o concepto que no responda exclusivamente a los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado este según el cuadro tarifario vigente al momento de facturación".
"Los únicos impuestos que podrán incluirse en el detalle de facturación serán el IVA e ingresos brutos en caso de corresponder", se añade en la iniciativa, que busca modificar los artículos 30 y 31 de la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor.
"Cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en un 75% el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores, sin considerar los aumentos producidos por las revisiones tarifarias integrales, se presume que existe error en la facturación. Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce meses anteriores a la facturación", explicó Carrió.
Y continuó: "En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio, debiendo tomar la empresa prestataria dicho pago como válido, al menos hasta que la empresa demuestre lo contrario; quedando expresamente prohibido disponer el corte del servicio".
"La relevancia y trascendencia que adquirió el debate acerca de los aumentos tarifarios reflejó la disparidad y falta de razonabilidad en las facturas de los servicios que pagan los usuarios según el distrito al que pertenezcan. Por ello es que creemos imprescindible se incorpore en forma expresa en el articulado de la ley de defensa del consumidor la modificación propuesta", fundamentó la diputada.
"Lo que buscamos es proteger al consumidor de los posibles abusos y excesos en los que incurran tanto las empresas prestadoras de los servicios, como así también las provincias y municipios quiénes a través de distintas leyes y/u ordenanzas, que sujetan impuestos y tasas a un porcentual de los consumos, que en muchos casos no guardan relación a los consumos reales de los usuarios", agregó en el texto la socia del Gobierno.
Carrió expuso que la aplicación de tasas e impuestos en gran medida coloca al usuario en la obligación de pagar un importe mayor del que consumió, lo que lleva a la interrupción de servicios como la provisión de agua, electricidad y gas por imposibilidad de pago.
"Con la modificación introducida es nuestra intención resguardar a los usuarios de los servicios esenciales garantizando que las constancias que reciban por las prestaciones de las empresas de servicios esenciales se correspondan y guarden proporción a los consumos efectivamente realizados y los precios guarden relación a los cuadros tarifarios correspondientes", finalizó la legisladora oficialista.
Carrió ya se había pronunciado por la política tarifaria. Primero, cuestionando al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Luego, planteando un esquema de cuotas para atenuar el fuerte impacto de los aumentos en el bolsillo de los argentinos.
También había planteado la necesidad de la negociación permanente y la flexibilidad teniendo en cuenta los derechos de los ciudadanos. "Ni la posición inflexible del Gobierno ni la demagogia del PJ", dijo en su momento.
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