Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz
Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz

La Corte Suprema de Justicia le envió una nota al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas en la que le reclama que informe qué medidas tomó en el marco de la filtración de las escuchas telefónicas protagonizadas por la ex presidente Cristina Kirchner y el ex director de la AFI Oscar Parrilli.

La nota, publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), contiene en su punto cinco un pedido a Arribas para "que ponga en conocimiento del Tribunal las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas, como asimismo cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder los agentes de la Agencia su cargo en la captación, transmisión, entrega, resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa señalada".

La Corte también le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral, quien tiene a cargo la causa que investiga la filtración de las escuchas, que "informe al Tribunal si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado si existe alguna observación respecto de la forma en que se desarrollan sus tareas, que sea susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad y custodia".

La nota enviada por la Corte además sostiene: "Este Tribunal ha dispuesto diversas medidas a fin de que se investigue toda responsabilidad administrativa que le pudiera corresponder a los agentes intervinientes en los procesos de interceptaciones telefónicas efectuadas en el marco de la causa" que tiene a cargo el juez Ariel Lijo, quien fue quien ordenó las escuchas como parte de una investigación.

Rodolfo Canicoba Corral (Adrián Escandar)
Rodolfo Canicoba Corral (Adrián Escandar)

Lijo, que ya presentó un informe ante la Corte, había pedido "la captación por el término de treinta días, plazo que fuera posteriormente prorrogado en dos oportunidades por orden del magistrado competente, de las comunicaciones entre dos abonados bajo la modalidad de escucha directa se autorizó al personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) diligenciar el oficio, llevar cabo las tareas de escucha directa, retirar los CDs con las grabaciones".

Pero además, la Corte Suprema informó que la semana pasada le pidió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia "la realización de una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, orientada a asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia y confidencialidad en la ejecución de dichas tareas y a determinar si existen elementos que permitan establecer si las filtraciones de audios con escuchas judiciales tuvo su origen en la mencionada dependencia".

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia les había pedido al Congreso y a Canicoba Corral que se investigue al órgano bajo su órbita que se encarga de las escuchas, por la filtración a la prensa de conversaciones telefónicas entre Parrilli y Cristina Kirchner.

El máximo tribunal, que tiene bajo su control la realización de escuchas judiciales, le solicitó al Congreso que realice una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, órgano encargado de esa tarea.

Además, le requirió a Canicoba Corral que informe "si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de aquella Dirección, si existe alguna observación respecto de la forma en la que se desarrollan las tareas que fuera susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad y custodia, así como cualquier otro elemento que considere relevante" para el caso.

El pedido al Congreso es para que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos Actividades de Inteligencia, que no está constituida, efectúe una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos Crimen Organizado, un cuerpo creado por la Corte "con autonomía de gestión y facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes" para la realización de escuchas.

El máximo tribunal hizo estos requerimientos luego de que se filtraran en varios medios de comunicación conversaciones telefónicas entre la ex presidente y Parrilli, que eran parte de escuchas que había ordenado el juez Ariel Lijo sobre el ex secretario general de la Presidencia en el marco de una investigación por supuesto encubrimiento del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.

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