La Cámara de Diputados dio media sanción a los tres proyectos de ley que estaban incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reducir la burocracia del Estado nacional, en el marco de la primera sesión ordinaria del año.

Los proyectos salieron con dos cambios que el oficialismo cedió por presión de la oposición: por un lado, se eliminó el artículo que habilitaba el embargo de las cuentas sueldo; por el otro, se descartaron los puntos que permitían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses operar como entidad financiera. 

La sesión concluyó en forma abrupta alrededor de las 3.30, luego de que el oficialismo dejara sin quórum al recinto cuando la oposición buscaba derogar el DNU.

En consecuencia, el megadecreto de 170 medidas que se firmó en enero sigue vigente dado que los tres proyectos solo tienen media sanción.

Sobre este punto alertó Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria, que planteó cambiar el orden del temario con el objetivo de debatir primero el texto del Ejecutivo. Justamente, el diputado consideró "un mamarracho" al hecho de discutir los tres proyectos que "reemplazan el decreto de necesidad y urgencia, y luego el DNU".

Las iniciativas establecen la simplificación de normas para el desarrollo productivo para las pymes y micropymes, y las sociedades comerciales; la desburocratización en la administración pública y modificación en el sistema de gestión documental electrónica, en la administración de los bienes del Estado y la Unidad de Información Financiera; y la simplificación para el desarrollo de la infraestructura en el área portuaria, la aviación civil, y tránsito y la seguridad vial.

Las tres iniciativas cosecharon 140 votos que fueron aportados por Cambiemos, Argentina Federal -que responde a gobernadores justicialistas- y otras bancadas menores.

En tanto la oposición al proyecto que correspondieron al kirchnerismo, el massismo y la izquierda tuvieron 87 votos en el caso del dictamen de infraestructura, en el caso de la financiamiento productivo consiguió 69 sufragios y en el dictamen de bienes del Estado obtuvo 63, ya que en este caso el Frente Renovador se abstuvo.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO) resumió que estos tres proyectos "simplifican y reducen las trabas burocráticas, vienen a cumplir con el proceso de modernización del Estado que es clave para dar respuesta a los requisitos de los ciudadanos".

Sobre otra de las cuestiones que se eliminó, el embargo de las cuentas sueldo, expresó: "Todavía nos debemos un debate sobre este tema porque tenemos que proteger el salario de los trabajadores, era más sana nuestra propuesta".

En nombre de la UCR, el diputado Héctor Olivares consideró que "el objetivo es colocar en primer plano las necesidades del ciudadano, otorgar transparencia y celeridad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos en lo vinculado a la infraestructura".

Por su parte, el diputado Axel Kicillof (FpV-PJ) denunció que el gobierno "quiere convertir a Argentina sea un paraíso fiscal" y anticipó el rechazo a los tres proyectos.

"Este proyecto está impuesto y escrito por el sector privado, es un engendro legislativo, este decreto no es de necesidad ni de urgencia. Esto es sacar regulaciones, no es menos papeleo, es más facultades discrecionales al Ejecutivo, la idea es que el Estado siempre molesta al privado y no quieren que regule", explicó el ex ministro de Economía.

Desde el justicialismo, el salteño Javier David dijo: "Este es un DNU no es muy republicano y asi lo planteamos y por eso hoy transformamos este decreto en tres proyectos de leyes, donde vamos hablar de las cosas que se eliminaron como la posibilidad de embargar las cuentas sueldo o las reformas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad".

El presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, defendió la postura de ese espacio político de apoyar en general el dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo al afirmar: "Hemos logrado la exclusión de los artículos referidos a la venta de bienes del Estado sin autorización del Congreso,hemos sacado la embargabilidad de los sueldos y hemos protegido el Fondo de garantía de sustentabilidad".

Marco Lavagna, de Federal Unidos por una Nueva Argentina, criticó "la celeridad del debate y la falta de necesidad y urgencia de los decretos del Poder Ejecutivo" que derivaron en su tratamiento legislativo.

"En algunos temas los proyectos son un avance, en otros no hay grandes cambios. Estamos poniendo parches y no avanzando en cuestiones de fondo", dijo el massista, al tiempo que propuso más modificaciones a los proyectos.

El jefe de bloque de Diputados Evita, Leonardo Grosso, afirmó que "en la concepción de este gobierno, desburocratizar es sinónimo de ajuste para los sectores populares y facilidades para el capital concentrado" porque "para desburocratizar hay que echar trabajadores, hay que limitar los espacios estatales que planifican el trabajo de la economía popular, hay que limitar las facilidades que tienen nuestros abuelos para tramitar sus derechos en la ANSES".