"No sé si tienen que estar presos Cristóbal López y Fabián de Sousa, pero no entiendo por qué no está preso Ricardo Echegaray". Así lo aseguró el titular de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes, en relación a la responsabilidad del ex titular de la AFIP por las moratorias que ordenó desde el organismo para la firma del empresario vinculado al kirchnerismo.
Según el fiscal, Echegaray creó un plan especial para que Cristóbal López no cumpliera con sus obligaciones impositivas.
Moldes advirtió además que "el cambio en la calificación es una maniobra que nos lleva en camino a un sobreseimiento de carácter encubierto", porque la causa podría investigarse en el Fuero Penal Económico y "allí mediante el acogimiento de una moratoria habrá una continuidad de los movimientos de cariz delictivo". "Hubo un gigantesco plan en perjuicio de las arcas del Estado, amplió en radio Mitre.
Cristóbal López y Fabián de Sousa recuperaron la libertad la semana pasada porque no hay riesgo de que entorpezcan la investigación judicial en la que están procesados tras no pagar $8.000 millones de impuestos. Así lo entendió el voto mayoritario de la Sala I de la Cámara Federal que dispuso las libertades. Las acusaciones quedaron firmes pero los empresarios continuarán el trámite judicial en libertad.
El juez federal Julián Ercolini había ordenado detener a ambos empresarios el 19 de diciembre porque entendió que intentaron desprenderse de parte de sus empresas cuando no podían hacerlo y eso es un riesgo para la investigación que solo se puede limitar con el encarcelamiento. Pero los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballesteros tuvieron otro criterio.
En la misma resolución que ordenó la detención de López, Ercolini procesó a Echegaray, al que acusó de otorgarle "de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, planes de pago a Oil Combustibles SA por el impuesto a la transferencia de combustibles líquidos". Es más, lo acusó de convalidar los trámites "a sabiendas de que no correspondía hacerlo".
Además de procesarlo, el magistrado también le aplicó un embargo hasta cubrir la suma de $17.042.509.692 y le decretó la inhibición general de bienes. El fallo destaca una serie de irregularidades en el otorgamiento de los planes de pagos: la carencia de documentación anexada que acredite la situación de crisis económica y financiera alegada, y no haber especificado el monto a devengarse por cada empresa, ni por qué tributos.
"También, que no surgiría del expediente que se les haya requerido información complementaria –o que las propias empresas la presentasen–, realizado inspecciones en la sede de aquella, o efectuado alguna otra medida tendiente a comprobar fehacientemente las dificultades exteriorizadas por las contribuyentes", destaca la resolución.
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