Marcos Peña y Mauricio Macri (Foto: Adrián Escandar)
Marcos Peña y Mauricio Macri (Foto: Adrián Escandar)

El Gobierno dispuso el pase a planta permanente de 7000 empleados que hasta el momento trabajan en el Estado como contratados. Le medida, anunciada ayer en el Boletín Oficial, tiene lugar en medio de la implementación de una política de austeridad y, según advirtieron desde el Ministerio de Gobierno, corresponde a "vacantes que se habilitan para ir pasando a planta a aquellas personas que trabajan hace más de 10 años en el Estado con un contrato".

"Obviamente personas que se lo merecen por su desempeño y para ir sacándolos de la precariedad contractual que tienen, pero no son nuevos, es gente que ya trabaja en el Estado. No cambia la dotación ni es gente que se suma nueva, son personas que trabajan hace más de 10 años pero con una modalidad de contratación distinta. Con lo que siempre se llamó 'contrato basura'", amplió la misma fuente ante la consulta de Infobae.

Entre los argumentos de la resolución, se afirma que "con el objeto de profundizar las medidas orientadas a asegurar las convocatorias para la cobertura de los cargos de planta permanente y continuando con el plan de regularización de acceso a la carrera administrativa mediante los correspondientes procesos de selección de personal, resulta necesario el descongelamiento de ciertas vacantes que puedan ser ocupadas en el marco de mejores oportunidades para el desempeño de tareas".

Así, el requisito para acceder a este beneficio es contar con 10 años de trabajo en el Estado. En el anexo 1 de la resolución, se establece que Presidencia tiene en total 567 personas contratadas, de las cuales 145 podrán pasar a la planta permanente personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), en tanto que Jefatura de Gabinete tiene 511, de los cuales 81 están autorizados para ingresar al proceso de selección.

Durante los primeros días de marzo, Cambiemos avanzó en una denominada "reingeniería organizacional" para la reducción de estructuras del Estado. Con el Decreto 174 que fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el reordenamiento que se calculó que podía llegar a ahorrarle $1.500 millones por año al Estado con la poda de unos 1.000 puestos políticos, que representan cerca de 25% del total.

Ahora quedan 95 secretarías, 127 subsecretarías, 21 unidades de coordinación general en los 21 ministerios, incluyendo a la Jefatura de Gabinete.

Desde los distintos ministerios explicaron –en su momento- que los cambios "no son recortes" y que se trató de un reordenamiento que tiende a hacer más efectiva y quitar burocracia a la actividad de cada cartera.

Aseguraron, además, que la mayoría de los planes y objetivos de las subsecretarías disueltas se seguirán desarrollando, dentro de las estructuras existentes (o nuevas), y que incluso muchos de los planes se potenciarán. Muchas de las subsecretarías y sus funcionarios, por caso, continuarán en direcciones generales o nacionales.

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