Habló el periodista español que investigó a Valentín Díaz Gilligan: "No hay ningún sesgo político"

"No hay ningún tipo de sesgo político en las investigaciones que llevamos adelante", aseguró el periodista de El País Joaquín Gil, coautor de la nota que provocó la renuncia del subsecretario Valentín Díaz Gilligan. En diálogo con Infobae agregó: "Nosotros no buscamos arruinar la reputación de nadie, sino publicar información que consideramos relevante".

En efecto, el caso del funcionario que cumplía funciones en la Casa Rosada, fue publicado el pasado 16 de febrero, junto con la denuncia de que el banco BPA, de Andorra, rechazó cinco millones del ex gobernador Jorge Sapag al sospechar que procedían de un soborno. Y estas investigaciones están muy lejos de ser las únicas.

Ambos casos llamaron la atención del equipo de investigación periodística del diario español que tuvieron acceso a documentación confidencial de la Banca Privada d'Andorra, donde Díaz Gilligan, Jorge Sapag y Guillermo Coco figuraban como "PEP", es decir, personas políticamente expuestas por ser o haber sido funcionarios de algún gobierno. Se trata de una norma que se aplica para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente intergubernamental que busca identificar vulnerabilidades para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos.

"Se trata de una investigación global, no sabía quiénes eran Díaz Gilligan, ni Sapag, ni Coco", dijo el periodista, quien luego de obtener la información confidencial se comunicó con el funcionario argentino y también con el ex gobernador neuquino.

El 3 de febrero, junto a José María Irujo, Gil publicó otra investigación sobre tres directivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA que movieron -entre 2008 y 2014- 60 millones de dólares en Andorra a través de una madeja de cuentas, en tanto la ex delegada en España de PDVSA abrió una cuenta en 2008 en el mismo banco para ocultar tres millones de dólares.

En noviembre del año pasado ambos periodistas publicaron una nota denunciando que la Banca Privada d'Andorra (BPA) "obvió los protocolos de prevención de blanqueo para permitir que decenas de sus clientes cobraran millonarias comisiones ilegales de Odebrecht" en ocho países de Latinoamérica que, así, recibieron transferencias millonarias.

También destacaron en otra investigación el rol clave de Uruguay en la estructura de blanqueo de Odebrecht, a través del antiguo responsable del banco andorrano en ese país, Andrés Norberto Sanguinetti Barros, que fue la persona de contacto entre la BPA y el principal testaferro de la trama de sobornos, Olivio Rodrigues.

Ecuador fue otro de los países que estuvo involucrado en una nota de los periodistas Irujo y Gil que involucró al ex titular de Electricidad de Rafael Correa, que se presentó a la BPA como "ingeniero mecánico" sin serlo, para abrir una cuenta donde recibió una transferencia de Odebrecht.

En el caso de Panamá, la investigación estuvo dirigida a los 2 millones de dólares que Odebrecht pagó a los padres de un ex ministro a través de, al menos, cuatro cuentas cifradas en la BPA.

Según la investigación de El País, la BPA "advirtió del perfil político de Díaz Gilligan en diciembre de 2014. Y solicitó a su departamento de prevención de blanqueo información adicional sobre el cliente. Las cautelas llegaron después de que el actual subsecretario general de Presidencia de Argentina se desvinculara de su empresa británica. 'Hemos solicitado un informe detallado del comprador y de las circunstancias de la venta de la sociedad para valorar la continuidad', requirió el banco".

El 10 de marzo de 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó un lapidario informe contra los directivos de la BPA, que llevó a la detención de sus principales directivos. Joan Pau Miquel Prats, director general del banco, fue detenido por comprabarse que era apoderado de una empresa off shore registrada en Panamá en diciembre de 1995, solo unos meses después de haber asumido su responsabilidad al frente del banco. Los hermanos Higini y Ramon Cierco Noguer también fueron detenidos por blanquear capitales procedentes del lavado, así como Santiago Rosello, que se ocupaba personalmente de las finanzas de un ruso supuestamente mafioso, Andrei Petrov.

En todos los casos, se sospechaba que el BPA colaboraba en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexianos y venezolanos procedentes del crimen organizado. Andorra dejó de ser paraíso fiscal el año pasado, es decir, abandonó el secreto fiscal de sus cuentas bancarias.