Tras la polémica, el Consejo de Magistratura porteño reduce su estructura

Tras la polémica de los últimos días en torno a la proliferación de cargos, el Consejo de la Magistratura porteño decidió este lunes por la tarde a través del voto unánime de todos sus miembros suspender los efectos de la resolución 1171 del año pasado, que aumentaba la estructura del organismo, y resolvió encarar un plan de reestructuración que estará a cargo de la Presidencia, a cargo de Marcela Basterra.

El organismo, a cargo de la selección de los magistrados porteños y de la administración financiera del Poder Judicial de la Ciudad -su presupuesto es de unos $4.000 millones-, había quedado bajo la lupa por la multiplicación de nombramientos, en especial después de la aprobación de la resolución 1171, de noviembre del 2017, que había incorporado "nuevas direcciones generales, departamentos, oficinas, prosecretarías y reagrupación de áreas bajo diferentes direcciones", entre otras modificaciones. Dicha reglamentación había sido objetada por Marcelo Vázquez y Lidia Lago, dos de los tres consejeros en representación de los magistrados.

En ese sentido, según confiaron a este medio fuentes del Consejo, los nueve consejeros que se reunieron esta tarde decidieron dar marcha atrás con dicha resolución e impulsar un "plan de readecuación económica y de recursos humanos" para el Poder Judicial porteño, sin incluir al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y al Tribunal Superior de Justicia. Es decir, establecer en 875 la planta de agentes permanentes del Consejo, un 20% menos de la nómina actual.

La votación se da en medio de una reducción de cargos políticos y de achique de estructuras impulsadas por la Casa Rosada, y que en algunos sectores del oficialismo aún encuentran cierta reticencia.

Los consejeros -además de Basterra, Alejandro Fernández, Vanesa Ferrazzuolo, Juan Pablo Godoy Vélez, Darío Reynoso, Javier Roncero, Silvia Bianco, Vázquez y Lago debatieron durante horas- aprobaron además ajustar viajes -"se limitan a los estrictamente necesarios para representar institucionalmente al Poder Judicial", explicaron- y gastos de caja chica. Hasta hoy, y desde hace años, el organismo era un festival de viajes, viáticos y hospedajes en hoteles de lujo.

En las últimas semanas, el organismo también había sido blanco de críticas por la filtración en el nombramiento de familiares y por la contratación, por ejemplo, de tres actores para la simulación de juicios por jurados, por la que cobraron miles de pesos. Entre ellos, Martín Seefeld, del círculo íntimo de Macri. Y por una denuncia presentada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en la Facultad de Derecho de la UBA contra Basterra, tras un concurso que quedó salpicado por la contratación de una asesora en la unidad de la consejera. En su presentación, Gil Domínguez fue patrocinado por Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Rizzo atraviesa desde hace meses una serie de cortocircuitos con un sector de la mesa judicial que rodea a Macri y con Daniel Angelici. El Colegio Público de Abogados tendrá elecciones en abril próximo: uno de los bandos de la mesa judicial en torno al jefe de Estado busca un acuerdo con Rizzo. Según confiaron, Cambiemos definirá su estrategia a partir de febrero.