El juez Penal Económico Diego Amarante dispuso este jueves el allanamiento de la casa del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray ubicada en el barrio privado Talar del Lago 1, en la localidad bonaerense de Tigre. El ex funcionario kirchnerista es investigado por la presunta compra irregular de autos para representantes diplomáticos en el país y está acusado de contrabando agravado.
El operativo estuvo a cargo de Prefectura Naval. El allanamiento -según detallaron fuentes judiciales a Infobae– fue para determinar si en la propiedad se encontraba el expediente administrativo de la Aduana que firmó Echegaray para permitir el ingreso de un auto para la representación diplomática de Taiwán. Los efectivos de seguridad se llevaron registros informáticos de las computadoras personales.
El ex funcionario ya declaró el pasado 19 de diciembre en marco de esta causa ante el juez Amarante que, entre otras disposiciones, le prohibió la salida del país. Fue a raíz de un pedido del fiscal Pablo Turano luego de una investigación por haber autorizado en 2006, cuando era director de la Aduana, el ingreso al país de un vehículo destinado a los representantes diplomáticos de Taiwán.
El problema es que esa nación asiática no tiene diplomáticos en el país, y la importación de ese tipo de vehículos suele contar con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, algo que no sucedió en este caso. Como los autos que ingresan al país con destino a Cancillerías o Consulados extranjeros no pagan impuestos, Echegaray está acusado del delito de "contrabando agravado".
El magistrado le prohibió al ex funcionario la salida del país porque consideró que hay riesgo de fuga. En su argumento, el magistrado se refirió a una escucha telefónica con el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli en la cual Echegaray se refería a la posibilidad de interceder ante la Justicia para evitar el avance de las causas en su contra.
La maniobra por la que está acusado el ex titular de la AFIP consistía en que los vehículos que ingresaban al país -supuestamente para ser utilizados por los diplomáticos- se ponían a la venta, algo que llevaba a la evasión del pago de impuestos correspondientes.
OTRAS CAUSAS
Esta causa judicial no es la única que lo tiene como uno de los principales investigados. Echegaray, además, está imputado en la causa Ciccone 2, a cargo del juez federal Ariel Lijo, tras el testimonio de Alejandro Vandenbroele en el marco del acuerdo en el que se comprometió a declarar como arrepentido. Otro magistrado, Sergio Torres, lo procesó por negociaciones incompatibles y defraudación en un expediente en el que se investiga el presunto pago de sobreprecios en la contratación del servicio de limpieza de la AFIP. En esa licitación resultó beneficiada una empresa por un monto de más de 15 millones de pesos, el doble que lo que cotizó la compañía que venía realizando esa tarea desde 1981.
En tanto, hace más de un mes la Cámara Federal confirmó su procesamiento por falso testimonio y violación de secretos en una causa iniciada por una denuncia de Alfonso Prat Gay. Echegaray, usando información fiscal que le había facilitado el gobierno de Francia a la AFIP, instruyó a dos ex funcionarios del ente recaudador para que denuncien al ex ministro de Hacienda. Lo acusaron de ser integrante de una asociación ilícita para evadir impuestos a través de una red de sociedades off shore, radicadas en paraísos fiscales para desviar fondos a cuentas en Suiza, ocultando la verdadera identidad de los dueños de ese dinero. Luego Prat Gay acreditó que la cuenta estaba declarada.
Echegaray también está acusado de favorecer a Ciccone para permitir el salvataje y la posterior compra de la fábrica de billetes por parte de The Old Fund, la empresa de Vandenbroele, sindicado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou.
También, está sospechado de haber permitido que OIL Combustibles, la compañía de Cristóbal López y Fabián de Sousa, tenga una deuda fiscal de 8.000 millones. En la misma resolución donde el juez Julián Ercolini ordenó la detención del empresario y su socio, Echegaray quedó procesado. Además, el magistrado también le aplicó un embargo hasta cubrir la suma de $17.042.509.692 y le decretó la inhibición general de bienes, pero no ordenó su detención. En este caso particular, abogados penalistas que recorren a diario los pasillos de los tribunales coinciden en un pensamiento: no entienden por qué Echegaray no corrió con la misma suerte que López y De Souza, a quienes se les dictó la prisión preventiva y ya se encuentran detenidos.
Hay una hipótesis instalada que podría explicar los beneficios procesales que mantiene el ex funcionario kirchnerista e indica que el ex recaudador goza de una fuerte protección en la justicia federal en virtud de la información fiscal secreta que ostenta.
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