
En la misma causa en la que el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Roberto Baratta y Julio de Vido, quedó procesado y embargado un empresario aliado de la gestión de Cambiemos en materia portuaria.
Se trata de Jorge Samarín, titular de la agencia marítima Meridian, que incrementó sustancialmente sus negocios a partir del cambio de gobierno.
Tal como había revelado Infobae, la operación de importación de gas licuado a partir de 2008, estuvo rodeada de innumerables irregularidades tanto en la importación del fluido como en todas las operaciones relacionadas con la llegada y partida de más de 240 buques gaseros y además la contratación de los navíos llamados regasificadores.
Dentro de esta particular modalidad de importar hidrocarburos, ENARSA contrató en forma exclusiva los servicios de la agencia Marítima Meridian para que hiciera de nexo entre la operatoria naviera y el Estado Nacional.
Resulta ser así que cada buque gasero que entraba o salía de los muelles de Escobar o Bahía Blanca necesitaba contar con servicios de remolque, practicaje, amarre, derechos y tasas y servicios varios.
ENARSA garantizaba a los importadores de gas que solo abonarían por todo concepto hasta la suma de 60 mil dólares por buque. Todo importe excedente de esta cifra era reintegrado por el Estado Nacional a las navieras una vez que ellas hubieran pagado todos los servicios que habían sido contratados por la agencia Meridian.
Una de las maniobras ahora investigadas consistía en una particular triangulación de pagos. Meridian recibía las facturas que presentaban los distintos prestadores de servicios marítimos y las giraba a Londres para que fueran abonadas por los propietarios de los buques en una cuenta en el exterior. El costo promedio de cada operación de un buque generaba gastos brutos por 600 mil dólares, que eran reclamados por Meridian, que era la que presentaba las facturas brutas.
Pero todos los proveedores, desde empresas de remolque hasta los prácticos, ofrecían suculentos descuentos dado el gran volumen de buques que atendían. Los descuentos rondaban unos 150 mil dólares por barco, y no eran informados por la agencia marítima a las navieras, siendo que estas le reclamaban al Estado los importes nominales. Meridian se quedaba con la diferencia y hoy se investiga el destino final de esos fondos.
Asimismo la empresa propiedad del hoy procesado Jorge Samarín firmó en nombre de ENARSA un convenio con el ex dirigente marítimo Omar "Caballo" Suárez por el cual el Estado Nacional pagaría al SOMU el equivalente a la totalidad de la tripulación argentina que debería tripular los buques que finalmente inyectaban el gas en la red (Regasificadores) y cuya presencia a bordo no era aceptada por las empresas propietarias de las naves en virtud de la alta complejidad de operación que presentan los mismos.
A partir del recambio gubernamental, lejos de replegarse, Meridian supo granjearse la confianza de las nuevas autoridades tanto de ENARSA como del área de Transporte Marítimo dependiente del Ministerio de Transporte. Conformó una UTE con la naviera danesa MAERSK y forzando algunas normas de procedimiento y aduaneras, consiguió importar en condiciones de dumping 11 remolcadores para atender en forma directa a los buques gaseros. Si bien este trámite generó todo tipo de impugnaciones, el propio Guillermo Dietrich le simplificó el camino para ampliar la operatoria de la empresa, presionando incluso a los gremios marítimos para obtener una sustancial rebaja de salarios en búsqueda de la tan ansiada competitividad.
Bajo la denominación comercial de "Logística y Servicios" y con denuncias efectuadas por la Cámara Argentina de Empresas de Remolque, Samarín conquistó el monopolio del servicio contratado por ENARSA, hasta que hace un par de meses, perdió tanto el servicio de agencia marítima como la prestación del servicio de remolques, este último a manos de una empresa de capitales chilenos también introducida por la actual gestión del Ministerio de Transporte. No obstante comenzará a operar en el puerto de Buenos Aires con las mismas naves.
Dentro de lo oportunamente informado por este medio, se trata de determinar el destino de cientos de millones de dólares que se producían cuando Samarín facturaba a las navieras extranjeras gastos portuarios por cifras cercanas a los 600 mil dólares sin informar los descuentos que recibía por parte de los proveedores locales, que rondaban los 150 mil dólares por viaje.
La maniobra, hoy bajo investigación judicial, se basaba en que se les aseguraba a los armadores de los buques gaseros que todo gasto que superara los 60 mil dólares sería reintegrado por ENARSA a las empresas gaseras. Así las cosas, Meridian cobraba en el exterior el importe bruto de la facturación y luego los dueños de los buques recibían el reintegro descontados los primeros 60 mil dólares. Meridian se quedaba entonces con el importe de los descuentos. La justicia investiga si la suculenta diferencia obtenida en cada viaje quedaba en poder de Jorge Samarín o si retornaba a algún funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
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