Un fiscal pidió la detención de un ex funcionario allegado a Julio De Vido

El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió la detención de Roberto Baratta, uno de los ex funcionarios más cercanos a Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, y de otras cuatro personas en la causa en la que se investiga la defraudación al estado en la puesta en marcha de la mina de Río Turbio.

Moldes le solicitó a la Cámara que revoque las exenciones de prisión que recibieron Baratta, los ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Fernando Lisse, Miguel Larregina y Marta Pérez y el actual intendente de Río Turbio y ex interventor de YCRT Atanacio Pérez Osuna y que les permite estar en libertad mientras se tramita la causa.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal fundamentó su pedido en "la gravedad del hecho" y su "trascendencia pública" por la participación de un ex ministro nacional como lo fue De Vido.

Baratta fue subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación durante toda la gestión de De Vido. Inclusive, cuando en diciembre 2015 dejaron el gobierno, Baratta acompañó a De Vido en varias sesiones de la Cámara de Diputados y en las indagatorias que el ex ministro tuvo en los tribunales de Comodoro Py.

Esta no es la única causa en la que Baratta está imputado. El juez federal Sebastián Casanello lo citó a indagatoria para el próximo 24 de agosto por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la "caja chica" del Ministerio de Planificación. Por otra parte, el diario La Nación publicó el mes pasado testimonios de ex directivos de la empresa Odebrecht que declararon como arrepentidos que Baratta fue una de las personas que intervino en el pago de sobornos que la compañía hizo para quedarse con negocios de la obra pública en el país durante el kirchnerismo.

En el caso de Río Turbio, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió a principios de julio la detención e indagatoria de 23 personas por la presunta defraudación de 264.935.123 de pesos que se destinaron para la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz, lo que nunca se concretó.

El fiscal sostuvo que la gravedad de la acusación y del perjuicio al Estado ameritaban la detención de los acusados, por lo que para el caso de De Vido pidió su desafuero ya que como diputado nacional tiene inmunidad de arresto. El caso fue tomado políticamente por el gobierno de Mauricio Macri que en plena campaña planteó la expulsión de De Vido como diputado por "indignidad" por todas las causas penales que tiene en su contra pero no alcanzó los votos necesarios.

Ante el planteo, Baratta, Lisse, Larregina, Pérez y Pérez Osuna pidieron su exención de prisión. El juez federal Luis Rodríguez se las concedió. El magistrado señaló que la jurisprudencia señala que los únicos motivos para que una persona esté detenida sin condena firme es que haya peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa. Eso no se daba en ninguno de los casos porque siempre estuvieron a derecho, tienen domicilio y toda la prueba de la causa está resguarda.

Sobre el pedido de detención de De Vido y del resto de los acusados, el juez Rodríguez sostuvo que por el momento no estaba reunida la prueba para llamar a indagatoria y ordenar detenciones.

Stornelli apeló ambas decisiones a la Cámara Federal. Sobre las exenciones de prisión dictaminó ayer el fiscal Moldes.

El fiscal de Cámara recordó que el tribunal ya dijo en otras causas que todo acusado puede estar en libertad mientras es investigado y cuando no haya peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Pero en este caso Moldes apoyó a Stornelli en su postura. Dijo que por "la gravedad del hecho" y "la trascendencia pública que ha tomado el caso dada la participación en el de un ex ministro imputado o acusado en otros procesos de similar raíz y enfoque" se deben revocar las exenciones de prisión y se ordenen las detenciones.

El fiscal hizo un segundo pedido en caso que la Cámara confirme las exenciones: que Baratta y el resto de los acusados continúen en libertad pero depositando un "monto suficiente" de dinero como caución y no solo de palabra como dispuso el juez Rodríguez.

Ahora debe decidir la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. El tribunal convocó a una audiencia para hoy con las defensas de los cinco acusados que recibieron las exenciones para escuchar sus posturas. Luego quedará en condiciones de resolver.

Lo mismo hará con los pedidos de indagatoria y detención de De Vido y el resto de los acusados. Para eso no se requiere opinión de Moldes. El tribunal debe recibir un informe del juez Rodríguez sobre la tramitación del caso.

La resolución no tendrá impacto electoral. Fuentes que trabajan en el caso señalaron que será después de las elecciones internas del próximo domingo