
El juez federal Sergio Torres citó a indagatoria al ex intendente de Almirante Brown y diputado nacional Darío Giustozzi, en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole que, pese a estar finalizado, no funciona. Se finalizó la obra y, como estuvo mal desarrollada, quedó sin utilidad alguna. El gasto fue de algo más de $5.000.000.
En la investigación judicial se analizó el proceso por el que se hizo la construcción del "Colector Claypole Centro" y la "Plata de Efluentes Cloacales Claypole". El magistrado Torres es uno de los dos jueces federales que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, tienen a cargo el control del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
A partir de 2012 la ejecución del saneamiento propiamente dicho en la cuenca baja (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), media (Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo y Morón) y alta (Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Las Heras y Marcos Paz) quedó bajo la órbita del juzgado federal N° 2 de Morón, encabezado por Jorge Rodríguez.
En tanto, para Torres quedó el control de los contratos que se hubieran celebrado o se fueran a celebrar en relación al plan de obras de provisión de agua potable y cloacas.
La realización de esas obras está a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa). El tratamiento de la basura, que está a cargo del CEAMSE, también quedó desde 2012 bajo la supervisión de Torres.

El juez, en su función de supervisión de los contratos y las obras del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, revisó el contrato del denominado "Sistema Claypole". Hizo la denuncia el año pasado, ante el hallazgo de irregularidades. El expediente cayó en su juzgado por sorteo.
Giustozzi aparece complicado en la causa, debido a que estaba absolutamente prohibido realizar construcciones por fuera del plan director que estaba a cargo de AySA, sin aval de esa empresa estatal.
Habría pruebas en la investigación de que el ex intendente -hoy diputado nacional por el interbloque Juntos por Argentina- falsificó documentación para acreditar la necesaria autorización de AySA y así lograr el financiamiento y la aprobación de Enhosa.

Desde el 3 y hasta el 24 de agosto declararán en indagatoria Eduardo Bortolozzi, ex administrador de Enhosa; Lucio Mario Tamburo, ex subadministrador y luego administrador de Enhosa; Daniel Bolettieri, ex secretario de Infraestructura de Almirante Brown; Luis Carusso, ex director de Hidráulica y Saneamiento del municipio y el propio Giustozzi.
Cuando citó a los imputados a indagatoria, el juez describió la situación de cada uno. En su escrito, al que Infobae accedió gracias a fuentes judiciales, el magistrado señaló: "Aprovechándose de los cargos que ocupaban en su conjunto y valiéndose de una situación de riesgo sanitario que aquejaba y sigue afectando a la localidad de Claypole de la Municipalidad de Almirante Brown, (los imputados) intencionalmente elucubraron, gestionaron, licitaron y tramitaron irregularmente los expedientes 1067/2009, 1162/2009, 5949/2009, y 14020/2010, a través de los cuales se diseñó, instrumentó, cumplimentó y llevó a cabo el improvechoso proyecto denominado 'Sistema Claypole', al que se destinaron al menos $5.353.352,47 de recursos públicos".
Y continuó: "Esa cuantía representa un intencional derroche del patrimonio estatal ya que, desde la propia planificación del proyecto se sabía que el Sistema -en la forma que había sido diseñado- nunca podría funcionar, y pese a ello, se dilapidó dicho capital avanzando en ese inconducente cometido".
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