
El fiscal federal Franco Picardi pidió hoy medidas de prueba para determinar si la empresa Odebrecht y sus asociadas, entre ellas IECSA, hasta hace unos meses de Angelo Calcaterra, pagaron sobornos para quedarse en el país con la obra del soterramiento del tren Sarmiento.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal le solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi 17 medidas de prueba, entre ellas el entrecruzamiento de llamados entre el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y directivos de Odebrecht SA, IECSA y Ghella y COMSA SA, las otras dos empresas a cargo del soterramiento.
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En la causa se investiga si Jaime cobró coimas de Odebrecht. El expediente se inició por una serie de mails que incautó la policía de Brasil en la investigación del "Lava Jato", el megaescándalo de corrupción en ese país, entre Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro, máximo directivo de Odebrecht en Argentina, en el que le reclamaba el pago de una coima.
La causa se inició por una denuncia de Ocaña que en marzo puso en conocimiento que la policía de Brasil encontró más mails en los que se hablaría de un pago de sobornos para que la empresa y las compañías asociadas se queden con el soterramiento del Sarmiento. A instancias de ese planteo, el fiscal amplió la investigación.
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Entre las medidas, Picardi solicitó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) haga un estudio técnico sobre el soterramiento.
Además, pidió que se informe si Jorge Rodríguez, Javier Sánchez Caballero –ex IECSA– y otros directivos de las empresas a cargo del soterramiento están en los registros de ingresos de alguna área de Planificación entre 2005 y 2014.
También que la Jefatura de Gabinete informe los pagos realizados por el soterramiento, y a la Dirección Nacional de Migraciones que detalle las salidas y entradas del país de Jaime, Vázquez, del detenido ex secretario de Obras Públicas José López, de Rodríguez, de Sánchez Caballero y de otros directivos de las empresas.
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También hay pedidos de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la División Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal Argentina, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA), ente otros.
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