
El gobierno de Mauricio Macri le envió hoy un mensaje contundente a los jueces federales, quienes tienen a su cargo las causas por corrupción. Anunció que pedirá el juicio político y la destitución de aquellos magistrados que cometieron mal desempeño en el trámite de esos expedientes y reiteró que no tendrá injerencia en las causas judiciales contra los funcionarios de la actual administración.
El portavoz fue Juan Mahiques, funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Mahiques habló en la reunión del Consejo en la que se aprobó iniciar una auditoría a todos los juzgados federales del país para analizar el trámite de las causas judiciales por corrupción de los últimos 20 años.
"El Poder Ejecutivo es consciente y la sociedad está demandando un cambio, sobre todo en la justicia penal. Tenemos que hacer una auditoría con responsabilidad y mesura para que no sea una caza de brujas. Pero seremos los primeros en pedir el juicio político y la destitución de los jueces que se apartaron de la ley", dijo Mahiques en la reunión del Consejo. Mahiques es subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios y uno de los funcionarios que a diario habla con los jueces federales.
Por unanimidad, el organismo aprobó iniciar una auditoría sobre los juzgados y los tribunales federales para conocer el estado y cómo tramitaron las causas por corrupción contra funcionarios públicos. El trabajo incluirá las causas que se abrieron este año contra funcionarios del actual gobierno, entre ellas la de los Panamá Papers contra Macri.
La decisión se tomó en el momento en el que los jueces federales de Comodoro Py reflotaron muchas causas contra funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner que llevaban años de trámite sin ninguna resolución.
Con la salida del kirchnerismo del poder, el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y el empresario Lázaro Báez fueron detenidos y la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray citados a indagatoria y procesados en varias causas. Esas decisiones generaron suspicacias.
Si bien la auditoría será en todos los juzgados federales del país, el objetivo principal apunta a los jueces de Comorodo Py, quienes tienen a su cargo las causas por corrupción contra funcionarios nacionales, le dijeron a Infobae fuentes del Consejo.
"Tenemos que poner sobre la mesa qué jueces miraron para otro lado, demoraron las causas y no hicieron justicia", dijo el senador de la UCR Ángel Rozas.
La auditoría fue pedida por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en abril pasado. A ese planteo adhirieron una veintena de entidades como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, entre otras.
El Consejo ya tiene en su poder el listado de las causas por corrupción contra los ex y actuales funcionarios nacionales y hoy aprobó iniciar la auditoría. Votaron a favor los consejeros Mahiques, Rozas, los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato; los jueces Gabriela Vázquez, Luis María Cabral y Leonidas Moldes; el representante de los académicos, Jorge Candis; el senador kirchnerista Ruperto Godoy y los diputados Pablo Tonelli (PRO) y Gustavo Valdés (UCR).
Quienes no estuvieron al momento de la votación fueron el jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, y la senadora y cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, quien se retiró minutos antes con su asesor Juan Martín Mena, ex subjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner.
Durante la discusión de la auditoría, García preguntó hasta qué fecha iba abarcar el trabajo. "Quiero saber si van a estar incluidas las causas de Panamá Papers y de los actuales funcionarios", marcó la senadora en referencia a las investigaciones contra Macri y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, ambos imputados por su participación en empresas offshore.
Piedecasas, presidente del Consejo, le contestó que sí porque la fecha de corte iba a ser el día de la aprobación del trabajo. "Les quiero dar un mensaje a los jueces. Actúen tranquilos, el Poder Ejecutivo no va a tener injerencia en ninguna causa. Lo dijo el presidente Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano y ahora lo repito", le contestó Mahiques a García, quien ya se había retirado.
Todos los consejeros señalaron la importancia de conocer el estado de las causas de corrupción. Algunos, sobre todo los jueces, marcaron la necesidad de respetar la independencia de los magistrados y que la auditoría no signifique una intromisión en las causas en trámite ni una persecución.
Rozas criticó a las Cámaras Federales y a la Corte Suprema, tribunales que tienen la superintendencia sobre los jueces. "Si hay causas paralizadas hace ocho o diez años, ¿las Cámaras no conocían esta situación? Esto no releva de responsabilidad a las Cámaras y sobre todo a la Corte", sostuvo Rozas.
El Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a cargo de Pedro Meydac, un hombre de confianza del radical Ernesto Sanz, estará a cargo de la auditoría y deberá elaborar el programa de trabajo.
Será sobre las causas por delitos contra la administración pública desde 1996 hasta hoy en laS que estén imputados funcionarios nacionales y que tengan un requerimiento fiscal para iniciar la investigación.
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