El Gobierno pidió a la Corte Suprema que intervenga en la suba de tarifas

La Casa Rosada subió la apuesta para legitimar el abrupto y criticado ajuste de tarifas en los servicios públicos de luz y gas. Tras contundentes muestras de apoyo de parte del gabinete nacional a su gestión, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, presentó un pedido de "per saltum" ante la Corte Suprema de Justicia para que trate la cuestión.

Con el escrito, la cartera pretende que el máximo tribunal unifique todas las causas y dé un cierre definitivo a la ola de amparos que buscan frenar el "sinceramiento" de los servicios públicos.

La presentación, que cuenta con el patrocinio de la Procuración General del Tesoro, se hizo en base a un reclamo realizado por una ONG en Mendoza contra el aumento de gas en esa provincia. Como la Casa Rosada considera que la cuestión tarifaria es un tema de jurisdicción nacional, ahora recurrió a la Corte Suprema para que se siente jurisprudencia y evitar así la burocracia procesal de los tribunales inferiores. 

En simultáneo, la Procuración del Tesoro ya presentó una "vía inhibitoria" contra un amparo dictado por la justicia federal de Rawson que le ponía freno al incremento de las facturas en ese distrito. El organismo consideró, como en el pedido de "per saltum", que el tribunal de Rawson es "incompetente" para fallar sobre el cuadro tarifario.

"La propia Corte ha dicho invariablemente que pertenecen a su competencia originaria y exclusiva todas las causas en que, siendo parte una provincia, versan en forma directa e inmediata sobre puntos regidos por el derecho federal", argumentó Procuración, según publicó hoy el diario Clarín.

María Alejandra Biotti, titular del Juzgado N°5 en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, es uno de los pocos tribunales que fallaron en sintonía con los pedidos del gobierno nacional. A raíz de un amparo radicado en Chubut, la jueza reclamó que los juzgados federales de La Plata, Rawson, Río Gallegos, Bariloche, Mendoza, San Rafael, Ushuaia y Salta que remitan los expedientes que tienen en trámite al tribunal porteño. El argumento fue que, por ser la ciudad de Buenos Aires la sede administrativa del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, de allí surgen las resoluciones que dictan los aumentos de tarifas cuestionados.

De esta manera, el Poder Ejecutivo resiste a las críticas de la oposición y de sectores empresarios, quienes consideran que el aumento de tarifas impactará sensiblemente en los niveles de consumo, de competitividad y de empleo en la producción doméstica.

Luego de haber reconocido errores en la implementación del ajuste tarifario, que se tradujo posteriormente en un paso atrás y en la fijación de un tope a la suba del 400% en el interior del país, la Casa Rosada sigue dando un apoyo político contundente al padre de la bestia, Juan José Aranguren. Y menos aún planea suspender los incrementos y hacer una revisión quirúrgica del "sinceramiento", como exigen el Frente para la Victoria y el Frente Renovador de Sergio Massa.

Así lo dio a entender ayer el jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, al señalar que están "muy, muy orgullosos" del titular de la cartera de Energía. "El ministro Aranguren sigue siendo nuestro ministro porque, además, es un lujo para la Argentina", sentenció en una defensa cerrada del funcionario.