
En una comunidad nativa de Ucayali, la crianza de peces se convertirá en una fuente de ingresos para proteger los bosques. La Comunidad Nativa Inkare implementará un sistema de producción de paco, un pez amazónico, y destinará parte de las ganancias a financiar la vigilancia y protección de su territorio. Proyectos como este son posibles gracias a un acuerdo entre Perú y Estados Unidos que permite redirigir recursos del pago de la deuda externa hacia la conservación de la Amazonía.
Se trata del canje de deuda por naturaleza, un mecanismo que reduce obligaciones financieras a cambio de compromisos ambientales. En septiembre de 2023, ambos países suscribieron un acuerdo por aproximadamente US$ 20 millones, destinado a financiar iniciativas de conservación y actividades económicas sostenibles durante los siguientes 13 años.
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El convenio ya muestra sus primeros avances concretos. A septiembre de 2026, se habían adjudicado S/ 14,7 millones a 32 iniciativas distribuidas en seis departamentos de la Amazonía Sur. Los proyectos abordan la protección de fuentes de agua, la vigilancia de bosques, la restauración de ecosistemas y el desarrollo de actividades productivas que buscan mejorar los ingresos de las comunidades sin comprometer los recursos naturales.

“Para el Perú, este mecanismo ofrece una alternativa para financiar la atención de necesidades ambientales que requieren inversiones sostenidas. También representa una oportunidad para ampliar su acceso a recursos internacionales, con el respaldo de más de dos décadas de experiencia en este tipo de operaciones”, explicó Cecilia Huamanchumo, jefa del Proyecto Acuerdo de Conservación de Bosques Tropicales.
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El acuerdo convierte deuda financiera en inversión para los bosques amazónicos
El canje de deuda por naturaleza opera mediante acuerdos entre estados y modificaciones en las condiciones de pago, que se reorientan hacia pactos de inversión en conservación. Una de sus principales ventajas es que garantiza financiamiento continuo durante varios años, algo esencial para actividades como la recuperación de ecosistemas degradados, la vigilancia forestal y el manejo sostenible de recursos naturales, que no pueden sostenerse únicamente con desembolsos anuales.
El acuerdo de 2023 también busca generar oportunidades económicas para las poblaciones amazónicas. Los recursos pueden financiar mejoras productivas, capacitación, infraestructura y acceso a mercados para actividades compatibles con la conservación, como el aprovechamiento de frutos tropicales y el fomento del ecoturismo. Esta combinación entre conservación y desarrollo productivo es uno de los rasgos distintivos del esquema.
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Iniciativas en Madre de Dios y Junín muestran el alcance territorial del programa
En Madre de Dios, la empresa Disfruta Tambopata impulsa una iniciativa para mejorar la cosecha y comercialización de aguaje, ungurahui y asaí. El financiamiento permitirá incorporar mejores prácticas productivas y sistemas de trazabilidad para acceder a mercados de mayor valor comercial, fortaleciendo la cadena productiva sin afectar los bosques.
En Satipo, Junín, la iniciativa ACP Paraje Capiro Llaylla busca proteger las nacientes del río Chalhuamayo, fundamentales para el abastecimiento de agua y la generación de energía en la provincia. El proyecto refuerza la vigilancia del bosque y desarrolla alternativas vinculadas al ecoturismo como fuente de ingresos sostenible para las comunidades locales.
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Las comunidades indígenas y las mujeres lideran casi la mitad de los proyectos
Los beneficios del programa alcanzan directamente a los pueblos originarios. De las 32 iniciativas seleccionadas, 14 comunidades y organizaciones indígenas participan como ejecutoras o beneficiarias. Además, cerca del 50% de los proyectos están liderados por mujeres, lo que convierte al acuerdo en un instrumento de equidad además de un mecanismo ambiental.
En conjunto, las inversiones se ejecutan en paisajes que abarcan más de 7,3 millones de hectáreas de bosque amazónico. Aunque los recursos ya fueron adjudicados, los resultados de las iniciativas deberán evaluarse conforme avance su ejecución en los próximos años.

Perú acumula más de US$ 56 millones en canjes de deuda por naturaleza desde 2002
El país tiene una trayectoria consolidada en este tipo de acuerdos. En 2002 suscribió su primer convenio con Estados Unidos por US$ 10,6 millones, y en 2008 concretó una segunda operación que movilizó más de US$ 25 millones. Sumados al acuerdo de 2023, los tres convenios representan aproximadamente US$ 56 millones comprometidos para la conservación de los bosques tropicales peruanos.
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La implementación de estos mecanismos exige la participación articulada de múltiples instituciones. En el acuerdo más reciente intervienen los gobiernos de Perú y Estados Unidos junto con Conservation International, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society y World Wildlife Fund (WWF). Por parte del Estado peruano, participan el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).
Los resultados actuales definirán si el mecanismo puede escalar hacia nuevos acuerdos
Los recursos se administran a través del Fondo Bosques Tropicales, gestionado por Profonanpe, bajo un esquema que contempla mecanismos de supervisión y seguimiento. Esta institucionalidad acumulada constituye un antecedente sólido para futuras negociaciones con acreedores y organizaciones internacionales interesadas en financiar la protección de la biodiversidad.
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Sin embargo, lograr nuevos acuerdos dependerá de las condiciones financieras, del interés de los potenciales socios y, sobre todo, de los resultados que demuestren las inversiones en curso. Las primeras iniciativas ganadoras muestran que un convenio financiero puede traducirse en proyectos que protegen fuentes de agua, fortalecen economías locales y ofrecen nuevas fuentes de ingresos a las comunidades amazónicas. Su evolución determinará hasta qué punto el canje de deuda por naturaleza puede consolidarse como una fuente recurrente de financiamiento ambiental para el Perú.
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