Denuncian al decano del Colegio de Economistas de Lima por la demanda contra la ley de pensión de S/3.500 para maestros

Un maestro jubilado presentó una denuncia penal contra el decano del Colegio de Economistas de Lima, José Manuel Mesía Herrera, por supuestas irregularidades en la adopción de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 32581, norma que fija una pensión de 3.500,70 soles para los maestros cesantes y jubilados.

En la denuncia, el denunciante Godofredo Jorge Calla Colana aclara que no pretende impedir el ejercicio del derecho constitucional de acudir al Tribunal Constitucional, sino establecer si existieron intereses particulares, coordinaciones externas o conflictos de interés detrás de la iniciativa del Colegio de Economistas.

Según el documento, Mesía Herrera habría manifestado que la demanda ya estaba firmada y en etapa de revisión antes de su presentación formal ante el TC. A partir de esa afirmación, la denuncia pide esclarecer quién adoptó la decisión de promover la acción, qué órgano institucional la aprobó, si existió un acuerdo del Consejo Directivo y qué abogados participaron en la redacción del proyecto.

También pide determinar si la posición del Colegio de Economistas contó con informes económicos, actuariales, presupuestales y jurídicos que sustentaran el cuestionamiento a la norma, o si se adoptó sin ese respaldo técnico.

Entre las medidas pedidas figuran la declaración de Mesía Herrera y de los integrantes del órgano directivo del Colegio de Economistas, el requerimiento del libro de actas y acuerdos del Consejo Directivo, y la entrega del expediente institucional completo relacionado con la Ley N.° 32581.

El escrito también solicita recabar el proyecto de demanda en sus distintas versiones, identificar a sus redactores y determinar el origen del financiamiento utilizado para su elaboración. El denunciante pide que, de hallarse indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria, se identifique a los responsables conforme a ley.

Cabe precisar que el TC inicialmente declaró inadmisible la demanda contra la norma de pensión de 3.500 soles para maestros cesantes y jubilados por un error en el acta de autorización. Esta observación fue subsanada.

Inconstitucional

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ratificó que la Ley 32581, que fija una pensión mínima de S/3.500,70 para maestros jubilados, es inconstitucional y confirmó que su cartera trabaja en una propuesta alternativa junto con el Ministerio de Educación. La norma, aún vigente, establece que los docentes cesantes de la carrera pública magisterial reciban una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial.

En una entrevista con RPP, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuestionó el mecanismo que sustenta la ley vigente. “Garantiza una cédula viva mínimo del último sueldo. Eso es inadmisible. Ningún sector tiene ese beneficio en ninguna parte del mundo”, sostuvo Cuba.

Según el ministro, el sector Educación concentra buena parte del gasto público, sobre todo en remuneraciones, que aumentaron de forma sostenida en la última década. “Un profesor que antes del 2016 ganaba mil doscientos soles, hoy día gana tres mil quinientos”, señaló Cuba como evidencia de esa mejora salarial.

El funcionario advirtió, sin embargo, que las pensiones no acompañaron ese incremento. Bajo el régimen de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), explicó, “un profesor que mínimo gana tres mil quinientos soles, si sigue en la ONP, se va a jubilar con ochocientos soles”. Cuba remarcó que esta situación golpea en particular a los docentes jóvenes: “Un profesor joven de hoy día, que trabaja cuarenta años a tres mil quinientos, se va a jubilar con ochocientos soles. Hay un problema que vamos a resolver”.

El cuestionamiento del MEF se da en paralelo a un proceso judicial en curso. El TC admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581. El pleno dispuso correr traslado del expediente al Congreso de la República, que cuenta con un plazo de 30 días hábiles para apersonarse al proceso y presentar sus argumentos de defensa.