
El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori dispuso el retiro de 17 proyectos de la cartera de Escuelas Bicentenario que habían sido declarados como “viables” hace poco más de un año, en agosto del 2025, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y que priorizaba la construcción de estas instituciones educativas en regiones de la costa norte, sierra y selva del Perú.
El decreto supremo N° 020-2026 publicado en el Diario El Peruano por parte del Ministerio de Educación, indica que en agosto del año pasado la cartera de proyectos fue aumentada de a 92 proyectos de inversión con cobertura en 17 regiones del país. Sin embargo, el gobierno de Fujimori da marcha atrás a la incorporación de estas instituciones y la cantidad volverá a su estado original: 75 Colegios Bicentenario ubicados solo en ocho regiones a nivel nacional, incluido el Callao.
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En la lista de exclusiones se encuentran instituciones ubicadas en:
- Apurímac (3)
- Amazonas (2)
- Huánuco (2)
- Piura (2)
- Ayacucho (1)
- Cajamarca (1)
- Lima (1)
- Loreto (1)
- La Libertad (1)
- Moquegua (1)
- Pasco (1)
- San Martín (1)
De estas regiones, las únicas que ya contaban con algún Colegio Bicentenario son Lima, Cajamarca y La Libertad. El resto iba a contar por primera vez con viabilidad económica para la construcción de sus primeras instituciones educativas de esta categoría.

El Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario mantendrá una cartera de 75 proyectos: instituciones educativas de Lima Metropolitana y colegios emblemáticos ubicados en ocho departamentos y el Callao. Su vigencia se extiende hasta el 31 de marzo de 2028.
Plazo y presupuesto: factores que motivaron la exclusión
La decisión de excluir a estas 17 instituciones educativas se sustenta en dos factores presentados en el Decreto Supremo y que, según la evaluación técnica realizada por el Ministerio de Educación, impedían ejecutarlas dentro del período de vigencia y bajo las condiciones presupuestarias disponibles.
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El primero corresponde a condiciones temporales e institucionales, pues no garantizaban el cumplimiento de los proyectos hasta el final del periodo de vigencia en marzo del 2028. El segundo está vinculado con la sostenibilidad y disponibilidad de los recursos requeridos para financiar las obras que habían sido incorporadas durante 2025.
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) informó que cuenta con capacidad técnica para ejecutar las 17 inversiones excluidas, por lo que incluso si estas instituciones educativas ya no están presentes en el documento que garantiza su construcción por medio de la modalidad de Gobierno a Gobierno, estas sí podrían serlo finalmente.
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Fujimori anunció construcción de 500 colegios por año
En septiembre de este año, la presidenta Keiko Fujimori presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031 y anunció que su administración se compromete a construir 2.000 colegios y modernizar 3.000 centros educativos como respuesta a la falta de servicios básicos que alcanza a la mayoría de las escuelas del Perú.
La mandataria situó la urgencia del plan en un indicador de infraestructura: apenas el 30% de los colegios cuenta de manera simultánea con agua, desagüe y electricidad. “Con los recursos que tiene el país, es inaceptable ver estas cifras”, sostuvo.
Sobre los impedimentos para intervenir en los locales escolares, Fujimori señaló que la falta de títulos de propiedad limita la inversión estatal. “Por no tener un título de propiedad, el Estado, nosotros estamos impedidos de ponerle las cosas básicas a nuestros niños”, afirmó.
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Fujimori indicó que las obras de los 2.000 colegios se realizarán durante los próximos cuatro años, con un ritmo de 500 nuevos colegios por año, que resulta en un promedio de 1.3 colegios inaugurados por día durante 4 años. La intervención incluirá la remodelación de locales existentes para que los estudiantes puedan asistir a espacios con mejores condiciones.
La presidenta planteó además la participación del sector privado en el proceso. “Daremos todos los mecanismos para que ellos también participen”, dijo al referirse a las fórmulas de apoyo que el Ejecutivo pondrá a disposición de las empresas.
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