¿Continuará corriendo la sangre en las pistas?: El dilema de un nuevo paro de transportistas y las posturas de los gremios ante los ataques extorsivos

El impacto de las balas contra el metal de su vehículo todavía resuena en una vivienda de San Juan de Lurigancho. Eran cerca de las 8 de la noche cuando dos delincuentes en motocicleta abrieron fuego contra el parabrisas del bus urbano que manejaba.

El chofer se salvó de milagro, según describió él mismo a Infobae Perú. “Salimos todos los días con el corazón en la garganta, rezando para que regrese vivo. Mi esposo ya no quiere sentarse al volante, pero si no trabaja, yo no puedo con los gastos sola”, contó bajo reserva de identidad la esposa del transportista.

La escena describe el avance de la extorsión en el transporte público. Entre enero y setiembre de 2026, el Ministerio Público contabilizó más de 80 trabajadores asesinados por bandas de sicariato en Lima y el Callao, saldo que trepó a 93 muertes al cierre de octubre.

En nueve meses se registraron cerca de 160 atentados armados, provocando heridas a más de 115 personas entre operarios y pasajeros. Setiembre marcó un récord mensual con 12 ataques balísticos en paraderos estratégicos.

El 97 % de los episodios implicó armas de fuego y en ocho de cada diez casos los agresores se desplazaron en motos. Ante un cobro de cupos diario de 10 a 20 soles por vehículo e inscripciones de 30.000 soles por empresa, el 30 % de la flota metropolitana permanece inoperativa por renuncias de choferes.

Disconformidad en los gremios por la falta de un plan eficaz del gobierno

Frente al derramamiento de sangre en las rutas, la respuesta estatal no convence a todos los operadores. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, remarca que la inseguridad no cede, pese a las intenciones del gobierno de Keiko Fujimori por contener la ola criminal que los azota.

“La situación no ha cambiado nada respecto a los dos años que ya venimos sufriendo este embate de la delincuencia. No ha variado. Siguen extorsionando, siguen matando y, por momentos, incluso se acrecienta. Si bien es cierto, el gobierno trata de implementar algunas medidas, pero aún no son suficientes”, comentó a este medio.

“Nosotros pedimos una ‘unidad de élite’, pero nos han dado un ‘Comando Unificado’. Esta creación de la unidad de élite es para un trabajo a mediano y largo plazo. No es para que mañana se elimine la extorsión solo porque se creó. Necesitamos una labor de inteligencia, que va a demorar, pero que tiene que ser llevada adelante por las personas más probas de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros”, agregó.

Desde la Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU), Luis Enrique Baca Rivera compartió lo que significó la decepción institucional que crece semana tras semana al ver a sus compañeros morir ante la falta de seguridad.

“La verdad es que estamos un poco decepcionados por parte del gobierno, porque esperábamos un actuar más contundente y rápido”, declaró.

“Lamentablemente, fueron a una empresa de transportes e hicieron una suerte de ‘película’ o simulacro que para nosotros no sirve; esa no es la forma de combatir este flagelo que nos agobia día a día”.

Por su parte, Martín Valeriano, titular de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra), rechaza de plano la labor gubernamental.

“El tema de la inseguridad que vivimos los transportistas y la ciudadanía en general se incrementa cada día más. Vemos a leguas que este gobierno no ha cumplido con sus compromisos de dar una lucha frontal contra la criminalidad que hoy azota a nuestro sector y al pueblo en general; por eso consideramos que todas sus estrategias están siendo fallidas”, dijo.

“Nadie lo dice, pero me parece que algunos dirigentes están blindando la gestión de este gobierno. Algunos aparecen junto a la presidenta anunciando planes estratégicos con helicópteros en los terminales y un sinnúmero de cosas que no dan resultado y no vemos nada cierto”, aseveró.

Entre la presión de un paro indefinido y la apuesta por el diálogo técnico

Pese al diagnóstico unánime sobre la violencia criminal, las dirigencias discrepan sobre el camino a seguir. La decisión de convocar a un inminente paro de transportistas o apostar por una tregua técnica ante el Ejecutivo antes del cierre del año fragmenta la postura del sector.

Valeriano defiende una medida de fuerza como única vía de presión hacia Palacio de Gobierno: “Pareciera que en este gobierno le tuvieran temor a una medida de fuerza de los transportistas, pero eso va a suceder y van a tener noticias antes de fin de año”.

En tanto, la CTU adopta una posición intermedia. Baca Rivera explica que diez de doce gremios esperan la respuesta a un pedido formal de audiencia con el Ejecutivo antes de tomar medidas.

“Estamos presentando una carta dirigida al Ministerio de Transportes y a la Presidencia de la República. Dependiendo de los resultados de esa reunión, te puedo decir que el 80 % de nosotros está de acuerdo en que, tras esa carta, iremos a una paralización antes de fin de año”, afirmó.

Baca reconoce que los meses previos a las Elecciones Generales 2026 fracturaron la unión entre los gremios y debilitaron las paralizaciones.

“Unos han estado con Juntos por el Perú, otros han estado con Fuerza Popular y por esa razón no había una unificación. Quienes han estado con Keiko siguen apoyando, pero el apoyo tampoco puede ser eterno si no hay ningún tipo de reacción frente a la inseguridad ciudadana”, sostuvo.

Sin embargo, Vargas descarta sumarse a una huelga que detenga, una vez más, el tránsito urbano y paralice la actividad de toda la capital peruana.

“No se trata de darle plazos a este gobierno o a otro gobierno. No se trata de decir: ‘no quiero un muerto más y por eso voy a parar’. Quienes tenemos dos dedos de frente no creemos que por hacer un paro mañana vaya a dejar de haber muertos. Creo que hay que trabajar en las propuestas que se tienen, vengan de donde vengan, y que realmente ayuden a la labor”, manifestó.

“En una situación tan difícil que estamos atravesando todos, ¿qué sacamos con un paro? Desestabilizar al gobierno y al Estado democrático. Aclaro que no tengo banderas políticas y mucho menos soy gobiernista”, aseveró.