Gobierno declara en emergencia el sector Vivienda ante déficit de 1,9 millones de hogares y falta de agua y desagüe

El Gobierno de Perú declaró en emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano y Saneamiento ante un panorama que incluye un déficit de 1,9 millones de viviendas y demoras de casi tres años en la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado. La medida quedó oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 016-2026-VIVIENDA, publicado este 25 de octubre en el diario oficial El Peruano.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, explicó que la decisión busca una reorganización integral del sector frente a un retraso estructural en la ejecución de obras. “Hemos declarado emergencia para reorganizarlo profundamente”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por TV Perú.

Déficit de 1,9 millones de viviendas

Según los datos presentados por el ministro, la crisis no se limita al acceso a una vivienda propia. 15 millones de personas carecen de conexión a una red de desagüe, mientras que 9 millones no cuentan con un servicio de agua potable domiciliaria que cumpla con estándares de calidad. Estas cifras evidencian una brecha que afecta a una porción significativa de la población peruana en sus necesidades básicas de infraestructura.

A esa problemática se suma la lentitud en la ejecución de obras. De acuerdo con Arnillas, los proyectos de agua potable y desagüe demoran en promedio 987 días en concretarse, un plazo que el Decreto Supremo N.° 016-2026-VIVIENDA atribuye a dificultades de acceso, calidad, continuidad, confiabilidad y sostenibilidad de los servicios. El anuncio se produjo tras una supervisión de trabajos de descolmatación de torrenteras en Arequipa, realizada como medida preventiva ante la proximidad del fenómeno de El Niño.

Estrategia sectorial en 60 días

La norma establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) debe elaborar y aprobar, mediante resolución ministerial, una estrategia sectorial en un plazo máximo de 60 días hábiles contados desde la publicación del decreto. La tarea quedará a cargo de los despachos viceministeriales de Vivienda y Urbanismo, y de Construcción y Saneamiento, junto con sus órganos, unidades orgánicas y programas competentes.

Ese documento deberá identificar las situaciones que requieren atención prioritaria, articular el trabajo entre las distintas dependencias y organismos públicos adscritos al ministerio, y fijar líneas de acción con mecanismos de seguimiento. La estrategia tendrá un periodo de ejecución de seis meses desde el día siguiente de su aprobación. El decreto se enmarca en la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, con horizonte al 2030, y en la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050.

El decreto precisa que la implementación de las disposiciones se financiará con cargo a los presupuestos institucionales del MVCS y de sus organismos públicos adscritos, según corresponda. En ese sentido, la norma establece de manera expresa que no se requerirán recursos adicionales del Tesoro Público para ejecutar las acciones contempladas en la declaratoria de emergencia.