¿Qué está pasando en la UNI? La batalla por el rectorado tras una medida cautelar que desató tensión en el campus

La disputa por el rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) escaló tras el intento de Shirley Emperatriz Chilet Cama de ingresar al despacho rectoral, en medio de enfrentamientos y daños registrados en el campus. La exvicerrectora académica sostuvo que acudió con una medida cautelar y cuatro efectivos policiales para constatar su acceso, mientras la institución denunció que un grupo ingresó por la fuerza.

El conflicto se centra en una medida cautelar emitida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima que, según la exautoridad, ordena dejar sin efecto la designación de Arturo Talledo Coronado como rector interino y reconoce su condición de rectora interina. La resolución, de acuerdo con su relato, otorgó cinco días a la Asamblea Universitaria y a las autoridades para cumplir el mandato.

En una entrevista con el programa Contracorriente, de Willax, la arquitecta afirmó que la medida fue notificada la semana anterior a las partes. “Yo he llegado de manera pacífica”, declaró. Según su versión, el personal de seguridad mantuvo cerrados los accesos al rectorado y se negó a abrirlos mientras esperaba instrucciones. Después, un grupo de estudiantes que respaldaba su ingreso cortó una reja con una herramienta eléctrica.

Las versiones enfrentadas sobre el acceso al rectorado

La UNI, sin embargo, difundió un comunicado en el que aseguró que no había recibido una notificación formal de la supuesta Resolución Judicial N.° 02. Por esa razón, indicó que desconocía el contenido del documento y que no podía pronunciarse sobre sus alcances.

La universidad también atribuyó los daños a un grupo de alumnos y personas ajenas a la institución que, según su versión, apoyaban a la exvicerrectora. El comunicado señaló que esas personas utilizaron combas, una amoladora y otros instrumentos para fracturar accesos e ingresar a dependencias universitarias.

La casa de estudios sostuvo, además, que esos hechos vulneraron la institucionalidad y las atribuciones de la Asamblea Universitaria. También informó que iniciaría acciones legales y denuncias penales contra quienes considere responsables materiales e intelectuales de los incidentes.

El origen de la controversia institucional

Durante la entrevista, la exautoridad explicó que la cautelar se fundamenta en dos resoluciones del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, conocida como Sunedu, emitidas en 2025. Identificó la Resolución N.° 023, del 2 de octubre, como un procedimiento administrativo sancionador relacionado con una modificación del artículo 55 del Estatuto de la UNI.

También mencionó la Resolución N.° 026, del 20 de noviembre, que, según indicó, agotó la vía administrativa. De acuerdo con su interpretación, ambas decisiones cuestionan la designación de Talledo y respaldan la línea de sucesión que la ubica como rectora interina.

La arquitecta afirmó que el conflicto comenzó luego de la renuncia de Alfonso López Chau al rectorado. Sostuvo que el Estatuto de la universidad establecía una sucesión en la que debía asumir el vicerrector académico y cuestionó que la Asamblea Universitaria eligiera a Talledo sin aplicar, según su interpretación, el mecanismo de votación universal previsto por la Ley Universitaria.

La vacancia y las investigaciones mencionadas

La entrevistada aseguró que Sunedu no registró a Talledo como rector interino y que, en cambio, la reconoció a ella en esa condición. También cuestionó la vacancia aprobada por la Asamblea Universitaria en julio de 2025, al considerar que esa decisión deriva de una sucesión irregular.

En otro momento, vinculó la disputa institucional con presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión anterior. Mencionó actividades que calificó como proselitistas, así como investigaciones sobre recursos de la universidad y transferencias desde el centro preuniversitario hacia la administración central.

En particular, se refirió a una auditoría de cumplimiento de la Contraloría sobre seis millones de soles que, según afirmó, fueron trasladados sin autorización de su comité directivo. Las afirmaciones corresponden a su versión y, en el material revisado, no figura una respuesta de Alfonso López Chau ni de Arturo Talledo.

El pedido de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo pidió al Poder Judicial y a las autoridades universitarias definir con urgencia quién debe ejercer el rectorado. La entidad informó que supervisó la situación dentro del campus y sostuvo una reunión con el rector encargado.

Según su comunicado, durante ese encuentro se informó sobre la presentación de una denuncia por los daños ocasionados en los incidentes. La institución también precisó que verificó que las actividades académicas continuaron con normalidad pese a la tensión registrada horas antes.