
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, calificó de “patraña” el proceso penal que enfrenta por presunto delito de colusión agravada, luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao dictara auto de enjuiciamiento en su contra y ordenara que el caso pase a juicio oral, tal como reveló Infobae. El excomentarista deportivo aseguró que la causa “se va a caer de todas maneras” y sostuvo que se trata de un caso que lo persigue cada vez que postula a un cargo público.
“Este es un tema que tiene años de años de años y que me sale cada vez, yo no sé si ustedes tienen un poco de memoria, cada vez que yo postulé, salía el tema de nuevo y salía el tema de nuevo y salía el tema de nuevo. Es una patraña”, afirmó el titular del Mincul en entrevista con RPP.
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La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao le atribuye haber concertado, en 2019, con funcionarios del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) para obtener indebidamente la contratación y el pago por un servicio de asesoría legal que, según la acusación, no habría sido prestado de manera efectiva.

El Ministerio Público solicita una pena de 10 años de prisión contra el titular de Cultura, además de 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Callao, por su parte, pide una reparación civil de 50.000 soles. Por la orden de servicio en discusión, el GORE Callao había desembolsado 30.000 soles a Beingolea.
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La defensa de Beingolea
“Soy abogado, tengo una maestría en Derecho Penal por la Católica, terminé mis estudios de doctorado en la San Marcos, venía de ser cinco años congresista y haber postulado a la alcaldía de Lima. ¿Cómo no tenía condiciones para asesorar al gerente? Cumplía escrupulosamente todas las condiciones de los términos de referencia, pero todas, largamente”, dijo Beingolea en respuesta a la acusación fiscal.
Sobre el cuestionamiento a su desempeño, el ministro precisó que el vínculo laboral con el GORE Callao se extendió durante dos años, y no durante 70 días como sostiene la Fiscalía.
Según la versión de Beingolea, en ese período el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una inspección inopinada en la que se detectó la ausencia de un documento en su expediente. “En un momento de estos dos años, el MEF hizo una inspección inopinada, de esas que están bien, y encontró en mi file que faltaba el certificado de estudios de la Católica, me parece. Faltaba un documento, que fue repuesto al día siguiente y que todos los funcionarios del MEF han ido a explicarle a la fiscalía que eso no es ni delito, ni falta administrativa, ni nada. Eso es una cosa subsanable. Oye, te falta un documento, acá está, perdóname”, relató.
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El ministro de Cultura sostuvo que existen informes presentados en su momento que acreditarían la labor efectuada bajo la orden de servicio. “¿Cómo se demuestra un trabajo con una orden de servicio? Con los informes. Están los informes presentados, todos en la fecha, en la época, con sello de recepción de la secretaría, o sea, todo por la vía regular”, indicó.
Beingolea también respondió a un señalamiento adicional del fiscal a cargo del caso, quien calificó su trabajo como de “baja calidad jurídica”. El ministro cuestionó esa apreciación de manera directa: “Bueno, imaginemos por un instante que el fiscal puede darme lecciones de Derecho. ¿Qué delito es ese? Explícamelo”.
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Según la imputación, los tres informes legales presentados por Beingolea habrían sido genéricos o correspondientes a otras áreas jurídicas del GORE Callao, y el hoy ministro no habría acreditado documentalmente los estudios y la experiencia exigidos en los términos de referencia.
Crítica al Ministerio Público
Durante la conversación, el titular del Mincul señaló que el caso lleva 10 años sin resolverse y cuestionó el funcionamiento del Ministerio Público. “Están pidiendo diez años. Yo no tengo ningún problema, eso es una patraña que se va a caer de todas maneras. Pero que te llama la atención sobre lo necesario que es darle una mirada al Ministerio Público y a su forma de trabajar, que te tiene durante años de años de años capturado, agarrado. En mi caso son diez años”, sostuvo.
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“Un caso tan simple, tan fácil, tan pequeñito, que debió resolverse de inmediato. Y siguen, sin embargo, alargándolo y alargándolo y alargándolo, de manera que te sirve para apretar al personaje cada vez que hace falta. Eso tiene que cambiar. El Ministerio Público no puede ser un ente de persecución de los ciudadanos en el Perú. Yo eso sí lo denuncio”, afirmó.
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