Detenidos por masacre y secuestro en Trujillo pasarán pericia antropológica tras dudas por videos, anuncia fiscal de la Nación

La diligencia busca establecer si existe correspondencia física entre los sospechosos y los sujetos captados durante el ataque, mientras persisten cuestionamientos sobre su identificación

Oficializan a Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación para el periodo 2026–2029
Los cinco detenidos pasarán una prueba antropológica para comparar sus características físicas con las de los sujetos registrados en los videos del ataque y secuestro en Trujillo
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Los detenidos por el cuádruple crimen cometido durante un ataque armado en el que fue secuestrado un empresario minero en Trujillo (La Libertad) pasarán una prueba antropológica para comparar sus características físicas con las de los sujetos registrados en videos vinculados al caso, anunció este lunes el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

En declaraciones a la televora Willax, Gálvez señaló que la diligencia contará con la participación de especialistas de la Policía Nacional y del Ministerio Público, a raíz de las diferencias advertidas entre los detenidos y los hombres que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observa a sujetos de mayor contextura, vestidos con prendas similares a uniformes policiales y portando armas largas.

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“Se va a realizar una prueba antropológica para hacer las comparaciones y todo eso”, explicó el fiscal, quien precisó que la Policía ya participa en el procedimiento con un antropólogo y que su institución ha designado a otro especialista para realizar la evaluación.

Ambos peritos deberán coordinar la diligencia y elaborar un informe conjunto con los resultados de las comparaciones. “Nosotros ya mandamos a otro antropólogo y ahí se van a poner de acuerdo y van a hacer el informe conjuntamente”, afirmó.

Nuevas pruebas en video muestran la elaborada estrategia de la organización criminal 'Los Pulpos' para secuestrar a su víctima. (Crédito: Panorama)

De acuerdo con un informe del diario El Comercio, dos de los cinco detenidos, Frank Junior Quezada Cruz, alias ‘Ñato’, y Julio Zavaleta Quesada, alias ‘Juliacho’, figuran con una estatura de 1,60 y 1,59 metros, respectivamente, y ambos son descritos como de contextura delgada.

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A ello se suma el caso de Ángel Bocanegra Linares, cuyo padre difundió imágenes que, según su versión, lo muestran saliendo de su vivienda a las 5:57 de la mañana del domingo 30 de agosto, después del atentado.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la Criminalidad Organizada, también ha señalado que todavía no existe evidencia científica suficiente para atribuir de manera categórica el ataque a los capturados, por lo que las diligencias continúan para determinar su eventual participación en los hechos.

Críticas

En otro momento de la entrevista, Gálvez reiteró sus críticas a la conferencia de prensa en la que fueron presentados los implicados en el caso, vinculados a la banda criminal ‘Los Pulpos’, al considerar que “la norma procesal prohíbe ese tipo de actos”.

La diligencia estará a cargo de peritos de la Policía y el Ministerio Público, quienes deberán coordinar la evaluación y elaborar un informe conjunto con sus conclusiones
La diligencia estará a cargo de peritos de la Policía y el Ministerio Público, quienes deberán coordinar la evaluación y elaborar un informe conjunto con sus conclusiones

“¿Qué es lo que se tenía que hacer ahí? Indicar que hay cinco detenidos, que se está realizando la investigación y que, a medida que avance, se irá determinando qué grado de participación ha tenido cada uno de ellos, pero que la investigación está yendo por buen cauce. Eso es lo que se tenía que decir, no presentarlos como responsables (...) no había mucha razón para presentarlos como responsables", dijo.

En esa operación participaron el saliente jefe de la Policía, Óscar Arriola; el jefe de Investigación Criminal, Víctor Revoredo; y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, todos cuestionados en los últimos días por sus declaraciones y actuaciones tras el último episodio de criminalidad en el país, que ha puesto contra las cuerdas a la administración de la presidenta Keiko Fujimori.

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